Así se lo han trasladado CCOO, CSIF, UGT, ANPE y Confederación STEs-i al Departamento que dirige Isabel Celaá en la Mesa Sectorial de Educación, que se celebró este lunes y que no convocaba a los sindicatos desde el pasado mes de mayo.
La Federación de Enseñanza de CCOO ha planteado a Educación la bajada de ratios, la adopción de medidas de protección del profesorado, la incorporación de personal docente y sanitario en los centros educativos, el incremento de la inversión y la regulación del teletrabajo. Pero a pesar de todas estas propuestas, CCOO denuncia que «el Ministerio ha dado la callada por respuesta, haciendo caso omiso a las demandas».
El sindicato ha incidido en la necesidad de regular por real decreto ley la reducción de ratios a nivel estatal, estableciendo un número máximo de 20 estudiantes por aula, y de asegurar la presencia de personal sanitario en todos los centros educativos, de modo que sean enfermeros quienes desarrollen las labores de coordinación Covid en los centros educativos y colaboren en la detección y puesta en marcha de los correspondientes protocolos en caso de necesidad.
Asimismo, ha insistido en que los fondos asignados a las comunidades sean de carácter finalista y se destinen en su totalidad a la reducción de ratios, la habilitación de espacios en los centros educativos y aquellos aspectos relevantes para afrontar la crisis sanitaria en los centros educativos. Del mismo modo, considera imprescindible reforzar los servicios de prevención y reasignar al profesorado de educación el nivel dos de riesgo.
En este sentido, CCOO ha recordado al Ministerio que, a día de hoy, para reducir las ratios a 20 estudiantes por aula, todavía se requiere la contratación de 39.894 docentes.
Finalmente, el sindicato ha pedido la regulación negociada del teletrabajo docente.
Regulación que requiere, según CCOO, garantizar las condiciones laborales del profesorado, la calidad educativa y el derecho a la conciliación laboral y personal de los trabajadores del ámbito educativo, evitando las «jornadas maratonianas», así como estableciendo los medios materiales, informáticos y de conectividad necesarios para el ejercicio de esta teledocencia.
Por su parte, CSIF ha reclamado a la ministra este lunes que impulse una reforma educativa para incrementar el gasto educativo en 21.000 millones de euros y alcanzar así la cifra de los 74.687.000 millones en el conjunto del Estado (el 6 % del PIB).
Durante la reunión, el sindicato ha hecho balance de la situación tras la 'vuelta al cole': los centros carecen de personal sanitario; faltan medios de protección; las ratios continúan por encima de los 20 alumnos por clase; el refuerzo de personal interino es insuficiente; y los fondos Covid-19 de 2.000 millones para la Educación aún no han llegado y no tienen carácter finalista.
CSIF también ha reiterado sus críticas a la decisión de contratar docentes sin máster, situación a la que se ha llegado, según el sindicato, por «una mala planificación y por la precariedad en las plazas de interinidad ofertadas». En este sentido, plantea que las comunidades autónomas compartan bolsas de trabajo para que interinos que cumplan los requisitos puedan trabajar en cualquier lugar de España.
Igualmente, CSIF exige al Ministerio que considere al profesorado como personal de riesgo por su exposición al virus, así como una atención especial a los docentes vulnerables y una evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo. Todas estas circunstancias reafirman la necesidad, según el sindicato, de negociar un Estatuto Docente que regule la profesión docente en su totalidad para garantizar las condiciones socio-laborales del profesorado en todas las comunidades autónomas.
Mientras, el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT considera «decepcionante» el resultado de la reunión de este lunes, pues subraya que en cuestiones que son materia exclusiva del Gobierno no se ha dado respuesta a las cuestiones planteadas por el sindicato.
UGT ha denunciado en la reunión que sigue habiendo ratios elevadas, que en muchos centros no se respeta la distancia de seguridad, que falta profesorado y que se están ofertando plazas en condiciones muy precarias, que falta personal de limpieza, transporte, comedor, apoyo educativo y de administración y servicios.
Además, se han quejado de que tampoco se les ha proporcionado información clara sobre cómo se está abordando, y con qué medios tecnológicos, la enseñanza semipresencial, y si ya se han puesto en marcha las medidas para atajar la brecha digital y el plan de formación del profesorado en nuevas tecnologías, así como de la dificultad para gestionar los protocolos de actuación frente a los contagios por COVID-19 que se están dando en algunas comunidades y la no incorporación de personal sanitario. Y, al igual que CCOO y CSIF, pide una mayor inversión educativa por parte del Gobierno -a través de los fondos europeos- y de las comunidades autónomas.
Planificación y negociación
Del mismo modo, ANPE ha trasladado a las diferentes administraciones educativas sus demandas, como que la persona responsable para los aspectos relacionados con COVID en los centros educativos sea un enfermero y la regulación de la educación a distancia, además de criticar «la falta de planificación, de consenso con las comunidades autónomas y liderazgo del Ministerio de Educación y Formación Profesional a la hora de establecer unas medidas unificadas y claras».
En cuanto a la Confederación de STEs-i, se ha destacado la ausencia de negociación, la tardanza en convocar la Mesa Sectorial de Educación y el «ninguneo» que el Ministerio hace de los representantes del profesorado.
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