La Fiscalía Anticorrupción pide al juez de Púnica que impute a Aguirre y Cifuentes por la caja B del PP de Madrid

Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado un escrito de 75 páginas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que reordena la macrocausa y reduce de 16 a 11 las piezas separadas que conforman este caso de corrupción que se lleva investigando desde 2014.

Una labor que el Ministerio Público ha tardado medio año en hacer, desde que a principios de año el juez instructor instase a las fiscales a hacer una reestructuración de la causa. En él se han precisado los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación --que ha llegado a superar las 200 personas-- «con referencia a los correspondientes informes definitivos de la Guardia Civil», según informa Anticorrupción en un comunicado. En este sentido, se solicita nuevas declaraciones de investigados, testigos, así como aportación de más prueba documental.

Concretamente, en la pieza relacionada con la presunta financiación irregular del PP de Madrid, la número 9, las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para pedir al magistrado que llame a declarar como investigados a las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, al expresidente de Indra Javier Monzón y a la propia empresa.

REUNIONES CLAVES PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES
Todo ello después de que la UCO situara a Aguirre en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011, en las que Aguirre presidía a los 'populares madrileños.

Esta investigación se inició tras el hallazgo de una agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la trama Púnica, en la que puede leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero. Se investiga si estas letras pueden pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado.

No obstante, los investigadores han implicado a Aguirre en escasas ocasiones recientes. La primera vez fue en un informe del pasado mes de marzo en el que sitúa a la expresidenta madrileña --sin concretar la fecha ni el papel que desempeñó-- en varias reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos empresas de Daniel Horacio Mercado que habrían realizado trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007 por unos 151.500 euros.

La siguiente vez que Aguirre fue señalada expresamente por la UCO fue en el último informe entregado al magistrado instructor en el que se indica que, según la agenda de González, la expresidenta madrileña asistía junto a él y otras autoridades del Gobierno autonómico a reuniones con Indra ---antes de la llegada de su actual presidente, Fernando Abril--, que supuestamente habría financiado con 566.497,58 euros la campaña electoral de 2011 a través de contratos falsos.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el juez García Castellón estudiará a fondo el escrito presentado por Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre la imputación o no de Aguirre. Las acusaciones populares de este caso, e incluso el que fuera su mano derecha, Francisco Granados, llevan tiempo insistiendo al magistrado en que incluya a la investigación a la exdirigente madrileña por este asunto.

ADJUDICACIONES IRREGULARES
En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con pagos irregulares desde Fundación Fundescam --vinculada con el PP de Madrid-- a «determinados empresarios y organismos empresariales, que ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales».

Otro informe de la Guardia Civil también destacó que Cifuentes era «partícipe y conocedora» de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011. Estas adjudicaciones se relacionan con las donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, que, de igual manera, habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales.

En cuanto a la división de piezas, la Fiscalía recuerda que, aún teniendo en cuenta «la conexidad existente entre todos los delitos que se investigan, por la existencia de una trama que ha ido tejiendo en el tiempo una tupida red de influencias presuntamente utilizada para obtener beneficios ilícitos», el objetivo es «simplificar e impulsar el procedimiento» y poder proceder a juzgar los hechos acreditados.
Y es que la investigación de la trama Púnica está llegando a su fin pues en junio de 2020 deberá estar concluida. Aunque el juez García Castellón acordó a finales del año pasado prorrogar 40 meses más la instrucción, hasta el año 2022, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó sin efecto esta decisión y ordenó que la causa esté lista para comenzar a juzgar a principios del verano que viene.

REORDENACIÓN DE LA CAUSA
Así, las fiscales proponen que la primera pieza sea la relacionada con revelación de secretos por la que Francisco Granados ya tiene una condena firme de dos años de prisión. La segunda versaría sobre las presuntas adjudicaciones fraudulentas a las mercantiles vinculadas a los investigados Alejandro de Pedro (conocido como el 'conseguidor' de la Púnica) y José Antonio Alonso en la Diputación de León, para los que piden cinco años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos en concurso con falsedad y fraude.

La tercera pieza, también finalizada, sería la relativa a las adjudicaciones a las mercantiles de los anteriores investigados en Murcia, cuyo procesamiento está recurrido; en la cuarta se analizarían los hechos sobre el presunto blanqueo en operaciones urbanísticas en el municipio madrileño de Valdemoro; mientras que la quinta se centraría en la contratación menor local en la misma localidad, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.

Asimismo, la sexta y la séptima estarían relacionadas con las contrataciones a Cofely y Waiter Music, respectivamente; la octava estudiarían los hechos relativos a Granados y la novena sería la de la presunta caja b de los 'populares' madrileños.
Por último, las presuntas adjudicaciones irregulares a las empresas de De Pedro y Alonso Conesa en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y otros países, conformaría la