Así lo ha explicado el Ministerio de Justicia en un comunicado en el que detalla que los 25 integrantes son: Esteban Mestre Delgado (presidente), Avelina Alonso de Escamilla, Luis Arroyo Zapatero, Javier Boix Reig, Manuel Cancio Meliá, Juan Carlos Carbonell Mateu, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Patricia Faraldo Cabana, Pilar Fernández Valcárcel, Ana Mª Ferrer García, Piedad García-Escudero Márquez, Carlos García Valdés, Enrique Gimbernat Ordeig, Carmen Gómez Rivero, José Luis González Cussac, Myriam Herrera Moreno, Carmen Lamarca Pérez, Borja Mapelli Caffarena, Pilar Martín Nájera, Enrique Peñaranda Ramos, Miguel Polaino Navarrete, Susana Polo García, Gonzalo Quintero Olivares, Mª del Carmen Sánchez Morán y Jesús Mª Silva Sánchez.
Blanca Hernández Oliver y Lucía Pedreño Navarro han sido nombradas vocales adscritas, así como Victoria Ortega Benito, que ha sido designada para esta labor por su condición de vocal nata de la Comisión General de Codificación.
Según informa el propio ministerio de Justicia, con los nombramientos efectuados "se logra una representación equilibrada de mujeres y hombres en este órgano asesor", que deberá pronunciarse sobre materias de especial sensibilidad como la libertad sexual de la mujer y la tipificación que se hizo en el Código Penal de 1995 de los delitos de abuso y agresión sexual.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, encomendó a este órgano el estudio de los delitos sexuales tras la sentencia de La Manada. Inicialmente estaba formado únicamente por 20 hombres, lo que generó polémica.
En la primera reunión de la comisión se acordó por unanimidad pedir al Ministerio de Justicia una reestructuración del órgano judicial para garantizar el equilibrio entre hombres y mujeres en su composición.
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