Imputadas dos exdirigentes de Zapatero por presunta financiación ilegal

Se trata de la que fuera directora general de Consumo y candidata a la Alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu y la entonces subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo, quienes están citadas a declarar como investigadas el próximo día 21 de mayo, a partir de las 10.00 horas, en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este mismo día también están llamados a comparecer dos componentes de la Mesa de Contratación, mientras que otros seis integrantes del mismo órgano lo harán el día 24 y el 30 del mismo mes.

Esta instrucción se suma a la también abierta en el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid por los mismos hechos pero relacionada directamente con la adjudicación pública que realizó el Ministerio de Vivienda a la misma sociedad en el marco del Plan de Vivienda 2009-2010 por la cantidad de 126.000 euros.

Ambas investigaciones se realizan después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia se inhibiese a favor de los juzgados madrileños el pasado mes de enero. En el caso del Ministerio de Sanidad, el juez valenciano explica en su auto que la adjudicación pública por el importe de 184.138 euros a la empresa Crespo Gomar --que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía-- se hicieron a través de la que fuera candidata a la Alcaldía de Alicante ahora investigada.

FACTURAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

El juzgado de Valencia comenzó la investigación por los mismos delitos y otro electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- entre los años 2007 y 2011.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inihibió a favor de juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.

Fue el PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) el que aportó documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

En el auto de inhibición el juez de Valencia explica pasa la causa a los otros tres juzgados para que puedan continuar analizando otros hechos por si pudieran ser constitutivos de delito, como la compraventa de un local en Gandía por la Federación Valenciana de Fútbol subvencionada por el Ayuntamiento de esa ciudad; los 'opinómetros' --contrato de suministro del sistema de comunicación a Opino Media por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010--; y las adjudicaciones del Ministerio de Vivienda a Crespo Gomar.

FACTURAS FALSAS

La investigación apunta que la empresa de comunicación Crespo Gomar facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

Según la Policía, entre la documentación de esta sociedad se incluye un archivo denominado 'Estados de cuenta de Bloc', que cuenta con una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el se repite la palabra 'concepto', con una serie de empresas, de las que se sospechan que asumieron las facturas de la campaña de esta formación política en 2007.