En un escrito presentado al instructor de la causa contra Forcadell, el magistrado del Supremo Pablo Llarena, recogido por Europa Press, el letrado Andreu van den Eynde argumenta que "el objeto de ambos procesos es coincidente o, en cualquier caso, conexo", siempre desde la perspectiva de la tesis de la acusación.
Además, considera que la propia imputación --que según ellos adolece de falta de rigor técnico-- describe unos delitos "que por su estructura típica de comisión basada en actuaciones grupales y reparto de cometidos, sólo puede ser abordada desde un único proceso".
En el escrito se recoge que las diligencias previas 1/2016 y 3/2017 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), las diligencias previas 82/2017 de la Audiencia Nacional y las diligencias previas 118/2017 del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona analizan los delitos de sedición y rebelión.
En este sentido, defiende que las querellas presentadas ante el Tribunal Supremo contra la Mesa del Parlament de Catalunya y ante la Audiencia Nacional "contra el que era Gobierno de Catalunya son prácticamente idénticas", y ve curiosa la distribución en distintos judiciales de hechos idénticos.
Apuntan a que la decisión de presentar dos querellas se fundamenta en el aforamiento del que todavía goza Forcadell y los miembros de la Diputación Permanente --tras la disolución del Parlament-- pero que "la existencia de aforados no implica necesariamente la separación de las investigaciones".
Para justificarlo, cita precisamente el caso del investigado Joan Josep Nuet, que actualmente no ostenta la condición de diputado ni es miembro de la Diputación Permanente, pero que está en este tribunal por la conexidad de los hechos, para evitar "la ruptura de la continencia de la causa".
"DISPARIDAD DE CRITERIOS"
Afirman que la existencia de una duplicidad de procesos puede "dar lugar a una disparidad de criterios inaceptable", disparidad que según él podría afectar a sus representadas, que se verían entonces privadas de la tutela del juez natural.
Si bien el abogado considera que el órgano competente para la investigación y el enjuiciamiento es el TSJC, afirma que "no puede tolerar" que se pueda estar investigando ante la Audiencia Nacional algo cuya afectación a la situación jurídica (y por tanto, también personal) de Forcadell y Simó es incontestable, en sus palabras.
Precisamente este jueves, Llarena requirió al TSJC toda la causa que se abrió allí por desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación contra Forcadell y los miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de las leyes de ruptura y de referéndum.
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