En la instrucción del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, recogida por Europa Press, que se prevé trasladar este miércoles en la reunión con mandos policiales, se pedirá identificar a las personas que estén en el centro y participantes en la ocupación y se incauten especialmente urnas, equipos informáticos, papeletas, documentación y propaganda.
El fiscal solicitará a los Mossos que también vigilen la integridad de los precintos hasta las 21 horas del 1 de octubre --una hora después de acabar la votación--, de que le informen de si hay casos en que se rompe dicho precinto --o se accede a los locales-- y, si es así, volver a ponerlos e identificar a las personas que lo hubieran hecho.
La policía catalana, antes de las 7.30 horas del domingo --hora y media antes de empezar la votación--, también deberá "impedir el acceso" a los colegios a los responsables de las mesas, identificarlos y, en su caso, incautar urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación o propaganda electoral.
RADIO DE 100 METROS
En el caso de que el punto de votación esté situado en el interior de un edificio muy amplio, los agentes deberán "evitar igualmente que se vote en otro lugar del mismo establecimiento o en sus inmediaciones --incluida la vía pública--, hasta un radio se seguridad de 100 metros del local designado".
Los Mossos también deberán dar cuenta a la Fiscalía antes de las 9 horas del domingo del detalles de los puntos de votación que se encuentren debidamente cerrados y también "de aquellos que hayan sido ocupados por personas con intención de proceder a formalizar la votación".
AYUDA DE OTRAS POLICÍAS
La orden de la Fiscalía establece además que la policía catalana podrá pedir colaboración a las policías locales y, si ésta no fuera suficiente, requerir los apoyos necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "especialmente durante el día 1 de octubre".
Romero de Tejada dará al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, estas "instrucciones precisas" en la reunión del miércoles, después de que se hayan producido llamamientos y convocatorias para llevar a cabo el referéndum pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).
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