El documento añade que el sistema de protección social y algunas políticas sociales desempeñan «un papel relevante» para atenuar la vulnerabilidad económica y lamenta que el lugar que ocupa este problema en el diseño de las distintas políticas «no se corresponde con la magnitud de este fenómeno».
En este sentido, el CES recuerda que España viene arrastrando problemas de vulnerabilidad social en el que los niveles de pobreza monetaria se mantuvieron en torno al 20%, una situación que se ha visto agravada con la crisis. Así, el 28,6% de la población española se encontraba en esta situación en 2015, 3,9 puntos más que al inicio de la crisis, por encima de la media de la UE-27, del 23,7%.
El informe señala que las situaciones de vulnerabilidad afectan sobre todo a las personas en desempleo y con bajo nivel formativo, la población extranjera y los hogares con hijos, especialmente los monoparentales, encabezados mayoritariamente por mujeres, y ve «preocupante» el aumento del porcentaje de población que entra en la pobreza y queda atrapada en ella lo que, según el CES, «pone de manifiesto la debilidad del sistema de bienestar para hacer frente a las situaciones más extremas de vulnerabilidad social».
Para el CES, la pobreza constituye «un problema multidimensional», por lo que las medidas para combatirla competen a diversos departamentos y niveles de la administración. En este punto, recomienda reforzar la cooperación entre las diferentes administraciones y crear un sistema de información que agrupe el conjunto de medidas abordadas en todos los ámbitos sectoriales y territoriales, especialmente en el municipal.
El CES añade que las políticas europeas han tenido «la virtualidad de inducir al diseño de un plan de ámbito nacional, integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza, Plan Nacional de Inclusión Social (PNAIN)», cuya aprobación «constituyó un avance en el ámbito de las políticas sociales». En cualquier caso, el CES indica que el PNAIN «contiene una estimación presupuestaria agregada en la que no se distingue una dotación presupuestaria propia», mientras que el sistema de evaluación que contempla «no resulta lo suficientemente detallado».
Por ello, reitera la importancia de «reforzar la eficacia de las distintas iniciativas mediante una estrategia de lucha contra la pobreza más visible, integrada y coordinada, dotada de los instrumentos necesarios para su implantación, seguimiento y evaluación, que implique a todos los departamentos y niveles de las administraciones».
Entre otras situaciones, cita los programas de Renta Mínima de Inserción (RMI) que poseen las comunicades y ciudades autonómicas y denuncia que «la ausencia de criterios mínimos comunes da lugar a que, ante la misma situación, el lugar de residencia sea determinante de si se recibe o no este tipo de ayuda, así como de sus características» por lo que «no cabe hablar de universalidad de la protección económica contra la pobreza en España».
Los autores del informe también ven «necesario abordar la elaboración del mapa completo de prestaciones sociales, para dar cumplimiento a la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, así como por el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016».
En este punto, afirman que «los problemas de descoordinación territorial, duplicidad de servicios o prestaciones, lagunas, solapamientos y problemas de financiación, han llevado a un desarrollo desigual del Sistema de Servicios Sociales».
Para el CES, «la colaboración complementaria del Tercer Sector de Acción Social no puede diluir la responsabilidad en este ámbito de las Administraciones Públicas, ni derivar la defensa de los intereses sociales en una promoción o cooperación exclusiva con las entidades sin ánimo de lucro».
El papel de las prestaciones
El informe también hace alusión al «papel preponderante» de las prestaciones contributivas para la prevención de la pobreza lo que «debe llevar a una reflexión por parte de los poderes públicos acerca de su obligación de garantizar un sistema de prestaciones adecuado y suficiente en la tercera edad, con especial atención a la situación de las mujeres».
También denuncia que España es uno de los países de su entorno que menos gasto destina a protección familiar, con un sistema «especialmente rígido, al establecer los 18 años como límite para ser considerado hijo dependiente, teniendo en cuenta que la emancipación juvenil es tardía». En este caso, pide reflexionar sobre el actual sistema de prestaciones por hijo a cargo, de cara a ampliar su cobertura.
«Las soluciones a la pobreza en las familias con hijos a cargo requieren un enfoque integral y no sólo desde lo asistencial, mediante estrategias que combinen la ayuda a los padres para que accedan al mercado de trabajo con un apoyo a la renta adecuado y un acceso a los servicios, como educación, salud, vivienda y servicios sociales», reza el informe.
Respecto al sistema sanitario, considera que «desarrolla una función esencial en la superación de las desigualdades en salud» por lo que reclama analizar las barreras que puedan estar impidiendo el acceso a los servicios sanitarios a los grupos más vulnerables y aconseja que las medidas adoptadas por las CC.AA. de ampliación de la cobertura de la atención sanitaria se aborden en el ámbito de los órganos de cooperación del sistema «para garantizar la igualdad en el acceso al sistema sanitario».
La educación y sus vínculos con la pobreza también se analizan en el informe pues, según los autores, las carencias educativas aumentan el riesgo de pobreza, donde la política de becas es una de las medidas que más puede contribuir a superar las dificultades de acceso a la educación por alumnos pertenecientes a hogares en riesgo de pobreza por lo que pide revisar el modelo para lograr la igualdad de oportunidades.
Soluciones duraderas para la pobreza energética
Para las situaciones de pobreza energética, constata que existe un planteamiento «muy heterogéneo» que no aporta «una solución duradera ante situaciones prolongadas de carencia de recursos» por lo que reclama «avanzar en la búsqueda de una solución general al problema de la imposibilidad de satisfacer las facturas de suministros por parte de personas que carecen de recursos económicos, con determinación clara del área de las administraciones públicas responsables».
En el caso de los parados, revela que, «a medida que ha ido aumentando el paro de larga duración, la protección por desempleo ha comenzado a dar señales de agotamiento, lo que apunta a la necesidad de mejorar su eficacia, en su vertiente de activación y de protección» e insta a potenciar su coordinación con otras vertientes de la protección social, en especial con los servicios sociales.
El estudio se refiere también a la pensión de viudedad, cuyo importe «en muchos casos es insuficiente» y a las situaciones de riesgo de pobreza que afectan a los hogares monoparentales, que no están cubiertos «específicamente» por el sistema de protección social.
Asimismo, hace alusión al Sistema de Atención a la Dependencia cuya acción «no ha cubierto enteramente las necesidades de la población dependiente», así como a la importancia de garantizar el derecho a una vivienda digna, entre otros aspectos.
2 comentarios
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La solución a la pobreza es que el gobierno haga con las familias lo mismo que hizo con los bancos. Señores de CES apunten esto en sus Ipads: La solución a la pobreza es que el gobierno haga con las familias lo mismo que hizo con los bancos,RESCATARLOS.
Te quitan la casa aporque te quedas sin trabajo y te embargan de por vida ..Encuentras trabajo y te dejan con el SMI.Pero como te lo ingresan en en banco viene el ayuntamiento(al que debes los impuestos porque no has podido pagar) y te lo embarga todo.¡YA COMEREMOS EL MES QUE VIENE!.Y luego te enteras que la administración tiene una especie de cobrador del frac que embarga lo que puede quien quiere a comisión.....Y ahora el precio de la luz,y las verduras (es que hay mucha demanda, la excusa).¿Hasta cuándo vamos a permitir que estos sinvergüenzas campen a sus anchas?¿dónde está la justicia igual para todos?