Entre los detenidos se encuentra Josep Manel Bassols, exalcalde de CDC en Anglès (Girona) y exdirector de campaña del presidente de la Generalitat y exalcalde de Girona, Carles Puigdemont.
Bassols, que llevó la campaña de Puigdemont en las elecciones municipales de 2011, fue uno de los detenidos en octubre de 2015 en otra operación de la Guardia Civil, Petrum, por presuntos pagos de comisiones ilegales a CDC a cambio de adjudicación de obra pública.
También se ha arrestado a Toni Martos, presidente de la consultora Efial y a quien los investigadores sitúan en el epicentro de esta trama, que creó estructuras paralelas en los ayuntamientos ayudándose de sociedades ficticias.
Entre los detenidos se encuentra otro exalcalde, el de L'Ametlla de Mar (Tarragona), Andreu Martí. Las actuaciones tuvieron inicio en las denuncias de concejales de varios de los consistorios afectados.
La investigación, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción, ha desvelado la existencia de una operación financiera mediante la cual Efial Consultoría SL creó un entramado para extender la actividad delictiva más allá de los consistorios catalanes. Esto se llevó a cabo en una segunda etapa en la que la consultora pasó a llamarse CGI.
Los detenidos se sirvieron de la asesoría de esta consultora para «evitar la labor supervisora del secretario e interventor municipales», ha detallado el Ministerio Público, que ordenó estas diligencias que afectan a diferentes localidades de España y Andorra de acuerdo con el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell. Las actuaciones se mantienen bajo secreto de sumario.
A lo largo de la investigación se ha detectado la creación de la figura «instrumental y ficticia», según Anticorrupción, de sociedades públicas locales carentes de actividad específica, «creando un entramado fraudulento por el cual se desviaban fondos públicos de ayuntamientos a la citada entidad pública, y de ésta a la sociedad mercantil privada».
OCHO REGISTROS EN AYUNTAMIENTOS
Del total de 48 entradas y registros, 16 se han practicado en ayuntamientos y organismos públicos por su presunta relación con delitos contra la Administración Pública.
Concretamente, se investigan los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude a las Administraciones e infidelidad en la custodia de documentos.
La Fiscalía ha detallado que se han producido registros en 14 domicilios, en siete despachos profesionales, doce sociedades mercantiles, siete entidades públicas y ocho ayuntamientos, concretamente en los de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en la provincia de Madrid; Trillo, en la de Guadalajara; y Tortosa, Ascó, Vandellós y L'Ametlla de Mar, en la de Tarragona, y se han practicado otras cuatro entradas en Andorra.
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La larga mano del ministerio está detrás.