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El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, insistió hoy en que la corrección del déficit público es una prioridad «ineludible», por lo que pidió el compromiso de todas las administraciones y propuso que los Parlamentos autonómicos fijen un límite de gasto anual.

La consolidación presupuestaria «no está exenta de riesgos» por lo que exige un seguimiento y control riguroso de los ingresos y gastos, para que si se producen desviaciones se puedan tomar las medidas adecuadas, explicó Fernández Ordóñez durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado.

Además, señaló que podría ser útil un fortalecimiento adicional de los marcos presupuestarios, en particular de las administraciones territoriales, al tiempo que consideró «deseable» la publicación regular de la ejecución presupuestaria del conjunto y de cada comunidad autónoma.

En definitiva, a juicio del gobernador, hay que evitar el incumplimiento de los compromisos del resto de administraciones, ya que, de producirse, se podría cuestionar el alcance del compromiso del Gobierno.

Es importante «mantener intacta» la credibilidad ganada por las medidas adoptadas a lo largo del año y «reforzarla a través de un avance continuo» en el desarrollo del programa de reducción del déficit del Gobierno.

Resulta «fundamental», además, la imbricación de la política fiscal con otras herramientas de política económica, muy en particular con las de oferta y reformas estructurales orientadas a mejorar la capacidad de generación de empleo y la recuperación económica.

Sobre este último punto, Fernández Ordóñez argumentó que el «tímido» inicio de la recuperación económica que se vivió a principios de este año debería proseguir, una vez superado el estancamiento del tercer trimestre.

Y aunque admitió que las perspectivas existentes de recuperación gradual están rodeadas de «incertidumbres», piensa que la actividad volverá a la senda de suave recuperación, si bien «todavía tardará algún tiempo en alcanzar el tono suficiente para generar empleo».

Ante la actual coyuntura, y justo después de que Irlanda haya decidido pedir ayuda a la Unión Europea, el gobernador advirtió de que los socios europeos «van a ser muy exigentes» con los presupuestos de España, que tienen que «contribuir de manera decisiva a establecer una base sólida para el crecimiento, la creación de empleo y la estabilidad económica».

Eso a pesar de que el gobernador incide en que una parte de las tensiones financieras vividas en las últimas semanas responde a la sobrerreacción de los mercados financieros, «que no siempre han sabido valorar correctamente las fortalezas y debilidades relativas de las distintas economías».

En el caso de la española, volvió a hacer hincapié en que los efectos a largo plazo de la consolidación fiscal serán además más potentes si va acompañada de reformas estructurales que incrementen el potencial de crecimiento de la economía.

Entre esas reformas, recordó la del sistema de pensiones, «crucial para la confianza de los mercados» y «de especial trascendencia», sobre todo si se hace «de manera inmediata y su contenido es suficientemente ambicioso».

En este sentido, propuso una adecuada combinación entre elevar la edad de jubilación, fijar un número mínimo de años para acceder a la prestación y un periodo determinado para el cálculo de la pensión.

Otra de las reformas que reclamó es la de profundizar en la negociación colectiva, para la que mantiene su idea de que hay que permitir una mayor adecuación de los salarios y las condiciones laborales a la situación individual de las empresas.

El gobernador subrayó que la economía española tiene que mejorar su competitividad, y ello no va a venir del consumo, por lo que el Gobierno, las empresas y los trabajadores tendrán que buscar la fórmula para «poder vender cuanto antes».

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