Efe30/04/10 0:00
TW0

El portavoz socialista en Les Corts, Angel Luna, dio a conocer ayer un informe de la Unidad de Auxilio Judicial que analiza 85 operaciones de la Generalitat del mandato de Francisco Camps y afirma que «en más de 50 ocasiones se ha vulnerado la ley» con fraccionamientos de contratos para evitar la publicidad y concurrencia.
Luna mostró durante la sesión parlamentaria de control al president de la Generalitat este informe, fechado el pasado 16 de abril, que según dijo consta en el expediente del 'caso Gürtel', que instruye el juez Pedreira, «no está protegido por el secreto de sumario», y ha sido notificado a las partes.
«El manual»
Según Luna, el informe, elaborado por interventores del Estado, inspectores de Hacienda y funcionarios del Banco de España, analiza operaciones de Presidencia, vicepresidencia, siete conselleries y 17 órganos gestores, y en sus conclusiones se expone el «manual de fraccionamiento de contratos» de la Generalitat.
El informe analiza 85 operaciones por un importe total de 7'5 millones de euros, de las que nueve han requerido la tramitación de un expediente de contratación y 76 corresponden a expedientes tramitados como contratos menores por su cuantía, que ascienden a 1'1 millones de euros.
En las conclusiones, se expone que desde 2004 a 2009 prestaron sus servicios 9 empresas de la trama 'Gürtel', principalmente Orange Market (con 45 expedientes y un importe de 6'8 millones de euros), Special Events (13 expedientes por 145.980 euros) y Diseño Asimétrico (con 8 expedientes por 85.970 euros).
Entre otros aspectos, según Luna, el informe indica que Orange Market debería haber sido excluida del contrato de Fitur 2005 por no haber acreditado la solvencia técnico/profesional, y habla de la convalidación de facturas «ilegales porque superan el máximo permitido», tres de ellas de la actual presidenta de Les Corts y ex consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, por Fitur 2005.
En el contexto judicial del 'caso Gürtel', el Tribunal Supremo ha citado al juez Baltasar Garzón para el día 10 de mayo como imputado por presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad por ordenar intervenir las conversaciones en prisión entre varios de los acusados en el «caso Gürtel» y sus letrados.