Mordaunt ha comparecido en rueda de prensa para dejar muy claro que, si las organizaciones no notifican todas las acusaciones graves, «sin importar cómo afecta a su reputación», no podrán ser «socios» del Gobierno británico, uno de los mayores donantes internacionales.
«A no ser que informéis de cada persona que contacte con vosotros, incluidos beneficiarios, trabajadores y voluntarios, no os financiaremos. A no ser que creéis una cultura que priorice la seguridad de la gente vulnerable y garantice que las víctimas y los denunciantes pueden seguir adelante sin miedo, no trabajaremos con vosotros», ha dicho.
Mordaunt ha avanzado que este jueves se reunirá con el jefe de la Agencia Nacional de Investigación Criminal (NCA), cuyas pesquisas han puesto entre rejas a ciudadanos británicos por los delitos sexuales cometidos en el extranjero. «La cultura que permite que esto pase debe cambiar y debe cambiar ahora», ha reclamado.
Una portavoz de Mordaunt ha explicado que la ministra discutirá con el jefe de la NCA cómo trabajar juntos para implementar protocolos de actuación ante denuncias por acoso, abuso o explotación sexual, pero no se centrará específicamente en Oxfam.
CASO OXFAM
La tormenta se originó la semana pasada por un reportaje de 'The Times' en el que revelaba que siete trabajadores de la misión que Oxfam desplegó en Haití tras el devastador terremoto de 2010, entre ellos su jefe, Roland van Hauwermeiren, contrataron los servicios de prostitutas --algunas menores de edad-- con el dinero de la organización.
En los días siguientes la polémica engordó por nuevas informaciones que señalan también a los trabajadores de la ONG en Chad y revelan que Van Hauwermeiren había sido apartado por otra organización siete años antes por una conducta similar, así como por la detención del presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes, por corrupción en Guatemala.
De momento, este escándalo ha propiciado la dimisión de la subdirectora de Oxfam, Penny Lawrence. Sin embargo, la ONG teme que pueda costarle también los fondos que recibe del Gobierno británico y de otros donantes del sector público, como la Unión Europea.
En este contexto, otras ONG se han mostrado reticentes a informar sobre el mal comportamiento de su personal por temor a perder financiación. Thomson Reuters Foundation preguntó el pasado mes de noviembre a diez organizaciones internacionales por los casos de abuso sexual, en el marco del movimiento #MeToo, pero solo seis han respondido.
El portavoz del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), Sam Smith, ha destacado que el escándalo de Oxfam ha servido al menos para «marcar un punto de inflexión». «Creemos que no se trata de una sola organización, sino que es un problema de todo el sector y debemos trabajar colectivamente para superarlo», ha defendido.
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