La respuesta del Gobierno en funciones a la preocupación de la Comisión

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, se ha comprometido a ofrecer puntuales explicaciones al poder ejecutivo de la Unión Europea tan pronto como la proposición de ley se registre. «Como siempre, estamos encantados de trabajar conjuntamente con la Comisión Europea, informarle de cuantas cuestiones deseen conocer y, por supuesto, facilitarle toda la información que precise. Así hemos trabajado siempre y así lo seguiremos haciendo», expuso el ministro apenas unas horas antes de anunciarse el acuerdo con Junts para aprobar la ley de amnistía y arrancar así la legislatura.

La explicación técnica del Gobierno de España en funciones al comisario Reynders -quien en el pasado ya advirtió que se mantendría vigilante con el tema de la amnistía- parte del artículo 101 de la Constitución y del artículo 21 de la Ley del Gobierno, según las cuales el ejecutivo central se encuentra en funciones tras las elecciones generales, y eso «le impide remitir a las Cortes Generales proyectos de ley», de modo que la iniciativa legislativa debe emanar de los grupos representados en las cámaras.

La misiva de Bruselas también lleva por destinataria a la ministra de Justicia, Pilar Llop. Casi a vuelapluma y a modo introductorio menciona Reynders la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado desde hace cinco años por la incapacidad de llegar a un acuerdo sobre la renovación de sus vocales, «una cuestión que viene de lejos» y «que despierta serias preocupaciones» para la Comisión, que ha pedido «soluciones» de forma reiterada.

Este jueves, la portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat, ha avisado este jueves al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de que su partido no permitirá «el falso relato» sobre la amnistía y que las instituciones comunitarias no dejarán pasar «ni una» contra el Estado de Derecho. Montserrat, no obstante, no ha hecho mención alguna al elemento de la falta de renovación del Poder Judicial, que Bruselas ha afeado a España en distintas ocasiones en los últimos tiempos.