Gortázar (Caixabank) afirma que el impuesto a la banca «es pegarse un tiro en el pie»

«Si castigamos al aparato circulatorio, castigamos a toda la economía», ha dicho Gortázar, refiriéndose a que la banca realiza el trabajo de hacer circular el capital hacia el resto de sectores. Gortázar ha recordado que la extensión o no del impuesto extraordinario a la banca depende de los acuerdos parlamentarios y que es un debate que se debe hacer, pero que «se basa en una hipótesis no cierta», esto es, en unos resultados extraordinarios que no se estarían produciendo. «Mi opinión es que gravar a la banca es pegarse un tiro en el pie», ha dicho, y ha añadido que se está «discriminando» a los bancos regulados respecto a otras opciones de financiación y respecto a competidores a la hora de realizar inversiones.

Además, ha lamentado que el impuesto conlleva que las entidades españolas sean menos competitivas que otros bancos europeos y ha asegurado que se trata de un gravamen a los accionistas. Preguntado por las declaraciones del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, de este pasado jueves en las que advertía que la empresa puede buscar alternativas para invertir si no se garantiza estabilidad para hacerlo en España, Gortázar ha explicado que la fiscalidad puede provocar que no se crezca en financiación. Ha negado la posibilidad de reducir las inversiones que realiza el banco, pero es «un aliciente para no crecer en financiación», ha dicho.

«Invertir en España 'versus' no invertir en España tiene que ver con qué hacemos con el capital que vamos generando», ha dicho, ya que si se queda en la entidad se verá sometido al impuesto a la banca. Sobre la inversión de la saudí STC en Telefónica, Gortázar ha destacado que la inversión extranjera en España «es algo muy necesario y muy relevante». Ha admitido que la manera en la que la empresa entró en el capital de Telefónica «ha creado ruido y, si se hubiera evitado, hubiese sido mejor», ya que la polémica que se ha generado, según él, era innecesaria. El consejero delegado ha pedido dejar trabajar al Gobierno con tranquilidad a la hora de decidir si la operación cumple la normativa sobre inversiones en empresas estratégicas.