Vivimos en una época en la que los efectos de las crisis pasadas aún resuenan mientras nuevas amenazas se gestan. La crisis financiera de 2008 dejó cicatrices profundas que aún hoy condicionan muchas economías. A ello se sumó la pandemia de COVID-19, que paralizó el mundo y puso a prueba la capacidad de respuesta de gobiernos e instituciones. Justo cuando parecía que la recuperación tomaba forma, la guerra en Ucrania y otros conflictos globales volvieron a tensar los mercados, disparar la inflación y poner en jaque la estabilidad energética.
Cada una de estas crisis ha debilitado la estructura económica global y, lo que es más preocupante, ha minado la confianza de ciudadanos y empresarios. Las políticas erróneas también han jugado un papel determinante en esta sensación de desgaste. En muchos países, la gestión económica ha oscilado entre decisiones improvisadas y estrategias cortoplacistas que no han hecho más que aumentar la fragilidad del sistema. Medidas fiscales inadecuadas, endeudamiento descontrolado y falta de inversión en sectores estratégicos han contribuido a una sensación de desprotección que afecta tanto a la clase trabajadora como a las grandes corporaciones.
Además, la globalización, que durante décadas fue vista como un motor de crecimiento y estabilidad, ahora muestra sus fisuras. La interconectividad económica significa que un problema en un rincón del mundo puede tener repercusiones inmediatas a nivel global. La dependencia de cadenas de suministro complejas, la volatilidad en los precios de la energía y la falta de una respuesta coordinada frente a los desafíos climáticos solo refuerzan la idea de que el sistema económico actual no es tan sólido como se creía.
Pero la desconfianza en la economía no se limita a los mercados o a las cifras macroeconómicas. Afecta directamente la forma en que las personas perciben su futuro. En un mundo donde la inflación devora salarios, la vivienda se convierte en un lujo y la estabilidad laboral es cada vez más escasa, la incertidumbre sobre la vida misma se instala en la sociedad. Los jóvenes ven un horizonte menos prometedor que el de generaciones anteriores, mientras que los jubilados temen por la sostenibilidad de sus pensiones. La idea de progreso, que en el pasado era un motor de optimismo, hoy parece más frágil que nunca.
La situación en España y, en particular, en las Illes Balears es un claro reflejo de esta crisis de confianza. En un territorio donde el turismo es el principal motor económico, la dependencia de un sector tan vulnerable a crisis globales se siente con especial intensidad. La pandemia evidenció la fragilidad de un modelo basado en la estacionalidad, donde el empleo fluctúa drásticamente y la falta de diversificación deja a la economía expuesta a cualquier vaivén externo. A esto se suma el incremento del coste de vida, con precios de la vivienda inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos y una presión inflacionaria que merma el poder adquisitivo de las familias.
En un contexto donde la clase media se ve cada vez más asfixiada y los pequeños empresarios luchan por mantenerse a flote ante cargas fiscales y burocráticas excesivas, la desconfianza en la economía se convierte en una sensación cotidiana. La falta de políticas efectivas que promuevan la estabilidad laboral, la innovación y la sostenibilidad a largo plazo agrava aún más esta percepción de incertidumbre, dejando a muchas personas con la sensación de que el progreso es cada vez más difícil de alcanzar.
Entonces, ¿cómo recuperar la confianza en la economía? La respuesta no es sencilla, pero pasa necesariamente por la implementación de políticas más responsables y sostenibles. Es imprescindible un compromiso real con la estabilidad financiera, la inversión en innovación y una mayor protección social. Asimismo, la transparencia y la previsibilidad en las decisiones económicas pueden ayudar a restaurar la fe en el sistema.
Si bien la incertidumbre parece haberse convertido en una característica inherente al mundo moderno, no tiene por qué ser un obstáculo insalvable. Construir una economía más resiliente, con bases más sólidas y equitativas, y la motivación e impulso al cambio social en materia económica con acciones locales más sostenibles, es la única forma de devolver a la sociedad la confianza perdida. Y en ese esfuerzo, tanto gobiernos como ciudadanos tienen un papel fundamental.
