Es comprensible que el Gobierno saque pecho de los resultados económicos a nivel macro obtenidos en el 2024 y del hecho de que este incremento del PIB pueda mantenerse durante el 2025. Según el FMI la macroeconomía española crecerá este año en torno al 2,3% cuando la media de la zona euro alcanzará tímidamente el 1%. La diferencia es más sustantiva si nos comparamos con el tridente europeo, cuyos incrementos serán del 0,3% de Alemania; el 0,8 de Francia y el 0,7 de Italia.
Mientras el modelo productivo de nuestro país se mantenga a rebufo del turismo (94 millones de visitantes extranjeros en el 2024) y del sector exportador la cosa funcionará, ojo, a nivel macro, pero a una gran parte de la población le sigue costando Dios y ayuda llegar a fin de mes. La desigualdad, es decir, la brecha entre pobres y ricos (los más ricos han incrementado su riqueza un 20% el último año) se está agrandando a pesar de que la inflación (el impuesto que más castiga a las rentas medias y bajas) se ha moderado. De todas formas, los precios continúan altos.
Asimismo, el problema de la vivienda sigue in crescendo. Más de un millón de familias en nuestro país destinan cerca del 50% de sus ingresos a pagar el alquiler de su vivienda. También deberían ocupar y preocupar al Gobierno los datos del INE según los cuales el 25,3% de las familias españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Estamos hablando de más de cuatro millones de hogares. Resumiendo, la macroeconomía funciona aceptablemente bien, pero, no así la economía doméstica que afecta a la mayor parte de la población española. Lo prueba el hecho de que nuestro PIB per cápita, que es el mejor indicador del bienestar de los ciudadanos, sea un 22% inferior (año 2023) a la media de los países de la UE.
Nos quedan, pues, importantes reformas estructurales a realizar para que la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, la cuarta potencia económica de la UE, podamos alcanzar los estándares de prosperidad, bienestar y equidad de los que disfrutan los países más avanzados de nuestro entorno.
Una de estas reformas pendientes, además de otras como la educación, sanidad, descarbonización, innovación, etcétera, es, sin duda, la mejora de la productividad. Si seguimos apostando solo por el sector turístico difícilmente lo conseguiremos. Hay que diversificar la economía y decantarnos por la innovación y las nuevas tecnologías y, paralelamente, seguir invirtiendo en I+D hasta alcanzar el 3% del PIB que es el objetivo de la UE.
Debemos mentalizarnos de que nuestro tejido productivo tiene que generar valor añadido, que es la única forma de crear empleos de calidad que, a su vez, ayudarán al mantenimiento de nuestro sistema de pensiones. Los sueldos bajos contribuyen mínimamente a la pervivencia del Estado de bienestar.
Una reflexión final. España tiene potencialidades para convertirse en la California de la UE. Ello no será una ensoñación si, gracias a nuestra historia, cultura, calidad de vida, clima, ocio, gastronomía, etcétera, somos capaces de atraer a nómadas digitales de nivel (el teletrabajo no tiene vuelta atrás) que nos ayuden a desarrollar nuevas industrias capaces de aprovechar los extraordinarios avances tecnológicos que pone a nuestro alcance la revolución disruptiva de la IA.
Nuestra Comunidad podría ser una nueva Silicon Valley y Menorca su punta de lanza, como lo fue a finales del XIX con la puesta en marcha de la primera central eléctrica de Balears. Málaga es un ejemplo.
