El peso del sector público

En Balears, las actividades propias del sector público tienen un peso en el Producto Interior Bruto de las Islas de 3.993,7 millones de euros. Esta cifra engloba las actividades de administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales. De este modo, y siguiendo los datos de la serie homogénea que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, la economía que generan directamente las diferentes administraciones tuvo un peso en el PIB del 14,5%. En concreto, de 3.993.743.000 euros sobre un total de 27.545.954.000 euros.

El peso del sector público en la economía balear se ha ido incrementando en los últimos 15 años. En el año 2000, con un PIB de 16.492 millones, la actividad pública tenía un peso del 11,56%. Esta cifra fue subiendo hasta el 13,77% de 2008, y es incluso mayor en años de crisis, debido a que la actividad privada cayó todavía más. En números absolutos, en 2015 se recuperó el nivel de 2011. Cabe destacar que además de las actividades mencionadas, el sector público influye directamente en otros muchos inputs de la economía balear, y los impuestos netos sobre los productos son un 9,2% del PIB (2.531 millones en 2015).

¿Los problemas de la sociedad demandan más intervención pública o menos? Seis economistas de Balears dirimen sobre las posibles alternativas al modelo económico actual y las reglas que rigen las relaciones. Hoy, la diferencia entre los diferentes sistemas económico imperantes son los matices, el grado de intervención del sector público y, en definitiva, qué prestaciones sociales se ofrecen o no. Prácticamente nadie duda de que el modelo económico actual es el mejor, aun con sus inconvenientes y fallos. El sector público tiene un papel esencial en la provisión de servicios básicos como la sanidad, la educación, las pensiones y los servicios sociales, su producción en muchos casos, y tiene una función fundamental como regulador. Pero aun así, ¿se puede hablar de que tenemos un sistema ‘capitalista'? Aunque el nombre de capitalismo está aceptado, algunos de los expertos consultados niegan esta denominación. “Difícilmente puede hablarse de sistema liberal o capitalista”, explica Pep Ignasi Aguiló, profesor de la UIB. Argumenta su afirmación recordando el enorme peso del sector público en el PIB y las numerosas normativas regulatorias que tiene la iniciativa privada. Antoni Alcover, también profesor de la UIB, coincide con Aguiló.

La mayor diferencia entre modelos de sector público es qué grado de protección ofrecen y cómo definen el estado del bienestar y las políticas sociales en educación, sanidad, servicios sociales, vivienda y banca.

EDUCACIÓN Y SANIDAD. El sistema sanitario español es uno de los mejor valorados de Europa. No así el educativo, que ostenta una de las mayores tasas de fracaso escolar.

Existen básicamente dos maneras de que el Estado ofrezca estos servicios públicos. Uno es producirlos él mismo, con escuelas y hospitales públicos. El otro es ‘subcontratarlo', es decir, que el Estado los financia pero no los produce ya que se encargan empresas privadas. Un ejemplo de este híbrido entre público y privado son los Países Bajos. Allí los hospitales y las aseguradoras son privados, con la peculiaridad de que tienen que aceptar a cualquier persona obligatoriamente, incluidos los mayores y los crónicos. En cambio, otros países no tienen sanidad pública universal, como Estados Unidos, aunque sí tiene un reducido programa para pobres y jubilados.

Y lo mismo pasa con la educación. En algunos países es privada con becas, y en otros es pública. También existen sistemas híbridos, como la educación concertada o la concertación hospitalaria. En cuanto a la cobertura, las mayores diferencias se encuentran en la educación universitaria y de 0 a 3 años.

En Balears estos servicios son de provisión pública y en buena parte de producción pública, los ofrece directamente el sector público. Para Aguiló, el sistema actual balear funciona “correctamente” y solo hay que “afinar para que continúen ofreciendo los mejores servicios”. Más liberal se muestra el economista José Antonio Avellaneda, quien considera que “al igual que el Estado no hace carreteras, sino que financia su construcción, con la educación debería ocurrir lo mismo” y añade que “la responsabilidad de los gobiernos no es adoctrinar sino asegurarse de que exista una educación de calidad con independencia del proveedor”.

También Antoni Alcover es partidario de reducir la produción pública. “La sanidad pública se está convirtiendo en un verdadero lujo para un país como España. Antes o después deberemos ir a un sistema más eficiente de provisión pública”, afirma sobre el sector sanitario, mientras que de los colegios explica que los concertados tienen cada año más peticiones que oferta mientras que los colegios públicos totalmente gratuitos son “en muchos casos la última opción preferida por las familias”, y propone el cheque escolar siguiendo el modelo de países como Estados Unidos.

En el otro extremo, el economista Pau Monserrat es partidario de la educación y la sanidad pública, “gestionada con criterios de máxima eficiencia”. Y añade: “Con una educación pública verdaderamente de calidad, que no tenemos por falta de recursos, de incentivos adecuados y de capacidad de gestión, estaríamos redistribuyendo riqueza futura. La verdadera arma para que los individuos puedan explotar todo su potencial”, observa.

Así opina también el profesor de la UIB Amedeo Spadaro ya que, afirma, es la única manera de garantizar el acceso de todas las personas a la educación y la sanidad. Pone también de manifiesto que, por motivos de costes, muchos de los servicios que hoy ofrece el Estado no existirían si los tuvieran que ofrecer las empresas privadas porque no les saldría a cuenta y simplemente desaparecerían.

VIVIENDA PROTEGIDA. Respecto a la política de viviendas de protección oficial, los entrevistados muestran recelos.
Pau Monserrat explica que acabaría con las VPO en propiedad porque “son fuente de injusticias y picaresca”, y propone alquiler a precios subvencionados pero exigiendo el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para Aguiló, la política de control de precios no ha resuelto el problema. “Existen fórmulas mucho más abiertas y eficaces”, indica. Y Alcover se cuestiona si en un momento en el que los bancos aún poseen un gran número de viviendas vacías, se debe subvencionar la nueva construcción. “Las desgravaciones sobre la vivienda han sido casi el principal gasto fiscal público durante toda la burbuja inmobiliaria fomentando la construcción cuando en España se construían más viviendas que en todo el resto de Europa”, añade.

BANCA PÚBLICA. Las voces consultadas creen que la banca no tiene que ser un servicio que ofrezca el Estado. Consideran la banca pública “ineficiente” y tanto Avellaneda como Aguiló y Alcover creen que no hay que volver a ningún modelo parecido. “En España ningún banco privado ha quebrado pero casi todas las entidades financieras no privadas -47 cajas de ahorro- sí”, afirma Alcover.

Pau Monserrat no defiende las cajas, pero sí un eventual banco público auténtico: “La banca pública tiene sentido si no la gestionan políticos. Para determinados colectivos, no en general. Pienso en cuentas sin comisiones para gente que no tiene esta posibilidad en la banca privada, gestión de mini créditos para emprendedores y personas en riesgo de exclusión, financiación de pequeñas y medianas empresas…”, puntualiza.

DESIGUALDAD. Entonces, ¿la solución a los problemas como la desigualdad, la exclusión social, la corrupción, el desempleo o la precariedad laboral pasa por más sector público o menos?

Para todos ellos, parte de estos problemas se resolverán volviendo al crecimiento económico y creando empleo. Para Avellaneda, el empleo lo solucionaría todo. Aguiló indica que “muchos, por no decir todos esos problemas, están motivados por no seguir las pautas más elementales de la economía de mercado”, indica que la solución es “mejorar las bases para una economía más abierta y más libre” y cree que hay que “revisar y reformar el Estado del Bienestar para mejorar”.

Para Alcover, el sector público solo debe intervenir donde haya fallos de mercado”. Recuerda que “problemas los hay en todos los momentos de la historia” y destaca que existen otros que se generan “precisamente por la intervención del sector público en el mercado y su solución pasaría necesariamente por una menor intervención”.

Para el economista Onofre Martorell, “las políticas que debe fijar el sector público en ningún caso deberían paralizar o ralentizar la iniciativa privada”.

Y según Pau Monserrat, la respuesta a la pregunta de más o menos sector público es “mejor sector público”. “Se puede hacer mucho más con menos. Cada vez se necesitan menos trabajadores para hacer más cosas. Eso no es malo si hay mecanismos de redistribución de las ganancias, pero no los hay. Millones de empleos quedarán obsoletos en cuestión de 5 o 10 años. Me temo que el trabajador acostumbrado a vivir de un sueldo es una especie en extinción. Los castigados autónomos acabaremos siendo la forma natural de trabajo”, afirma.

En definitiva, hay unanimidad en considerar que el sistema económico actual de economía mixta es el mejor posible pero afirman que “aún existen dudas sobre cuál debe ser la dimensión del sector público”, en palabras de Alcover. “El comunismo, el nacionalismo-fascista o nazi u otros sistemas ensayados y fracasados en el pasado no deberían generar ningún tipo de añoranza”, asevera Aguiló, partidario de “avanzar en la dirección de la economía social de mercado que tantos éxitos ha producido, aunque es normal que tras una dura crisis existan ganas de protestar”, reconoce.

CAMBIO DE MODELO. En Balears el gran reto es el ‘cambio de modelo', una expresión que describe los objetivos de futuro que se proponen para combatir el monocultivo turístico y la estacionalidad. Lleva en discusión desde principios del nuevo siglo y continúa en la actualidad. Los expertos se muestran totalmente a favor de la desestacionalización y consideran que el turismo hoy por hoy es imprescindible. Asimismo, consideran que tiene que seguir siendo la principal actividad hasta establecer en el medio plazo las infraestructuras necesarias en los sectores estratégicos por los que se decida apostar.

Amadeo Spadaro habla a favor del modelo actual. “En los años 60, Balears ganó la lotería. Sin tener que ser muy innovadores, la región empezó a prosperar gracias a que los europeos encontraban sus playas y su tierra preciosos y querían venir de vacaciones. El turismo hoy es una garantía de entrada de recursos. Se puede intentar atraer a un turista de más calidad, se podría reestructurar, pero querer prescindir del turismo como actividad más importante, yo no lo veo”, explicó.

En el mismo sentido, para Martorell el turismo debe buscar el incremento de la calidad del destino y del servicio.
Aguiló cree que la desestacionalización es muy importante ya que ganar una semana de actividad tiene una gran repercusión en el PIB, por lo que la legislación tiene que incentivarla. Y añade que aunque parezca contradictorio, durante años “nuestras normas han fomentado la estacionalización”.

Para Avellaneda, el cambio de modelo es “palabrería”. Afirma que se pueden cambiar los modelos sin ayudas públicas y pone el ejemplo de la zona de Platja den Bossa en Eivissa.

Para Pau Monserrat, las políticas públicas no cambian la economía si no se coordinan muy bien con el sector privado. Apuesta por cambiar el modelo pero “depende de todos, no solo de los políticos”.

Y Antoni Alcover concluye que “los modelos económicos cambian todos los días y evolucionan con la innovación”.