Estado del interior del Teatro Pereira, cuyas reformas propuestas en el proyecto de rehabilitación han sido rechazadas por los técnicos del PEPRI.

E. RODRÍGUEZ / J. HERRANZ

A finales de junio se firmó un nuevo convenio con la familia Matutes, propietaria del inmueble, para ampliar el periodo de cesión hasta el año 2044, fecha en la que el inmueble pasará de nuevo a manos de sus propietarios. Desde entonces, el Consell no ha vuelto a decir nada más públicamente, ni presentado el proyecto. Al parecer, según ha podido saber este periódico, éste contempla «una reforma total de su interior». En este sentido, los técnicos aseguran que el proyecto «debe mantener la volumetría del interior del teatro, aunque sea dificultoso para unas adecuadas condiciones acústicas, o para cumplimentar la normativa de accesibilidad y contraincendios».

Asimismo, la ponencia técnica apunta que el proyecto no respeta la configuración interior del techo y que, además, se aumenta la altura del exterior del edificio, «incorporándose a las paredes verticales un elemento completamente novedoso, como es el cristal esmerilado, que se pretende instalar con un tipo de iluminación interior». En definitiva, concluyen los técnicos, «esta ponencia entiende que la rehabilitación debe tener más en cuenta los valores del edificio actual».

Por otro lado, los técnicos también pusieron en evidencia la falta de una serie de documentos, que, tal como prevé el artículo 110, son necesarios para solicitar licencia de obra. En concreto, los técnicos echan a faltar fotografías, planos, gráficos, fotomontajes, así como una descripción escrita, para poder «valorar el impacto» de la restauración del inmueble.

Días después el proyecto pasó a manos de la ponencia política, formada por cuatro concejales del equipo de gobierno (Vicent Torres, Antonio Roldán, Juan Manuel Rubio y Roque López) y tres de la oposición (Virtudes Marí, Antoni Prats y Jaime Díaz de Entresotos). Según ha podido saber este periódico, los políticos optaron por dejar el asunto sobre la mesa a la espera de que el Consell aporte toda la documentación y se subsanen las deficiencias detectadas. En todo caso, el Consell no puede obtener licencia sin un informe favorable de la Comisión de Control del PREPI.