«La opinión mayoritaria recogida aquí estaba en contra del
canon, como en todas las reuniones que hicimos para discutir el
tema». Con estas palabras, la directora de la Biblioteca Municipal
de Eivissa (en Can Ventosa), Anna Colomar, resumió ayer la postura
de los responsables de la red de bibliotecas del Consell respecto
al polémico impuesto que una Directiva europea pretende imponer a
los préstamos de libros. La protesta de los profesionales y
usuarios de las bibliotecas públicas españolas se materializó el
pasado año en una queja al Defensor del Pueblo acompañada de más de
200.000 firmas, entre las que figuraban las que se recogieron en
las Pitiüses.
En su carta de respuesta a la Biblioteca Municipal de Eivissa,
el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, informa de que el
Ministerio de Cultura también «discrepa de la conclusión» de la
Directiva europea a favor del canon, y considera «que la situación
bibliotecaria de nuestro país, que arrastra un déficit notable
respecto a otros países miembros de la Unión Europea, desaconsejan
la imposición de cualquier gravamen al préstamo bibliotecario, ya
que frenaría la política de desarrollo» que las autoridades
españolas «han puesto en marcha para equiparar el sistema
bibliotecario español a la media europea». Múgica añade «que si
finalmente hubiese de imponerse algún tipo de gravamen» para
cumplir con la Directiva europea, el Ministerio de Cultura ha
expresado su voluntad «de buscar fórmulas que impidieran que dicho
gravamen en ningún caso repercutiese en los usuarios».
La polémica, pues, sigue sin resolverse; porque, además, la
Comisión Europea ha presentado una denuncia contra España, Irlanda
y Portugal ante el Tribunal de Justicia de la UE por eximir a las
bibliotecas públicas del pago de derechos de autor. Anna Colomar
recordó el argumento de oposición al canon de préstamo: «El lector
que viene a la Biblioteca también compra libros por su parte; hay
que habituar a la gente a ser lectora y no cargarle un canon de
uso; y cuando se compra un libro ya se paga al autor el
correspondiente».
Una opinión opuesta a la que ha expresado recientemente a este
periódico la vicepresidenta de la Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana de Balears, Antònia Vicens: «Tenemos que tener en
cuenta que los escritores siempre somos los más perjudicados, tanto
por los contratos de edición como por el hecho que no se nos paga
nada, tal como exige la Unión Europea, por los préstamos de
nuestros libros en las bibliotecas».
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