Los autores del Plan Director de la Catedral de Eivissa, Xavier
Pallejà y Salvador Roig, afirmaron ayer que sus actuaciones en las
obras de reforma de la Catedral han seguido en todo momento la
normativa fijada en la Ley de Disciplina Urbanística, la Ley de
Ordenación de la Edificación y la Ley de Patrimonio
Histórico-Artístico. Ambos arquitectos sostienen que su denuncia
por las obras para el cableado interior del edificio «no fue por
reacción» a la denuncia que el delegado del Patrimonio Diocesano,
Francesc Torres Peters les interpuso por las obras del Museo
Diocesano. En cuanto a otra denuncia presentada contra ellos por un
vecino de Dalt Vila y un técnico sobre unos tubos del proyecto de
reforma de la torre del campanario y su «impacto visual», negaron
tal afirmación, mostrando una serie fotográfica en la que dichos
tubos sólo son mínimamente visibles; «y en cualquier caso esa
intervención es una situación transitoria, reversible. No se ha
empotrado en ningún muro ni se ha deteriorado nada. Cuando se pueda
dar luz a la torre por otro sitio se suprimirán», explicó
Pallejà.
Con estas precisiones, los dos arquitectos salen al paso del
informe que varios técnicos presentaron el pasado febrero a la
Comisión de Patrimonio en respuesta a las tres denuncias
mencionadas. En la primera, el informe decía que la intervención no
había afectado a la parte artística de estilo gótico ni a la
estructura principal de los muros, añadiendo que, en cualquier
caso, «no es manera de hacer las regatas con un compresor. Lo mismo
que pensamos nosotros, pero cuando nos enteramos ya hacía cuatro
meses que la obra estaba terminada, pendiente de la ejecución de la
famosa puerta; y al colocarla no nos avisan». «Nos enteramos cuando
se puso la denuncia; entonces subimos y vimos las obras que se
estaban haciendo para el cableado de la iluminación. Nuestra
denuncia no fue por reacción a la de Torres Peters, pues ya en 1998
avisamos al obispo por escrito de que se tuviera cuidado con los
trabajos que afectasen a la estructura».
A pesar del informe técnico, Pallejà y Roig sostienen que «más
de 100 metros lineales de regatas y la excavación arqueológica que
supuso remover más de 17 metros cúbicos» supone un «deterioro
estructural, constructivo y patrimonial», que incumple las
mencionadas leyes más las distintas protecciones legales que tiene
la Catedral desde 1942. La última, la incoación de expediente de
Bien de Interés Cultural (BIC), lo que supone su protección total a
todos los efectos.
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