Hoy se cumplen los 100 años del decreto oficial que autorizaba el
derribo de las murallas de Palma. En 1902 se iniciaron las obras de
demolición de lugares tan emblemáticos como la Porta de Jesús, la
Porta de Sant Antoni, el Baluarte Zanoguera, Porta de Santa
Catalina y Porta de Santa Margalida. El proceso duró unos años,
prolongándose hasta más allá de 1914. Tan sólo quedó en pie una
parte de la muralla marítima, por la que aún podemos pasear. Para
conmemorar este episodio (positivo o negativo, según cómo se mire)
se van a realizar este año, desde las instituciones y partidos
políticos, numerosos actos, con exposiciones y monográficos
incluidos.
Con el derribo se perdió un importante patrimonio histórico y,
por otra parte, se ganó en espacio e higiene. Célebre es el famoso
episodio del destrozo de la puerta de Santa Margalida "monumento
que estaba protegido en el siglo XIX" por varios ciudadanos de
Palma, en plena faena nocturna. Las murallas eran vistas como un
síntoma de decadencia y de suciedad. Muchos médicos abogaron por su
destrucción, para dejar paso a un esplendoroso ensanche. Quedaban
atrás siglos de esfuerzos y planes urbanísticos.
El 10 de agosto de 1902 se realizó un solemne acto oficial de
derribo del Baluarte Zanoguera. La ciudad se abría así a los
espacios abiertos, al ensanche. En 1870, la población vivía en su
totalidad dentro del recinto fortificado, con una densidad superior
a los 600 habitantes/hectárea.
La revista «Conèixer Palma» informa que «esta densidad fue posible
edificando más pisos sobre las casas antiguas, lo que produjo una
reducción de luz y aire». Eusebio Estada publicó el libro «La
ciudad de Palma», en la que explicaba los inconvenientes que
significaban las murallas, de dominio militar. Para demolerlas
hacía falta la autorización del gobierno central. En 1873 se abrió
una pequeña brecha en la Drassana y el Moll. Pasaron los años y ya
entrados en el siglo XX, se dispuso que para su derribo completo
era preciso realizar un plan de ensanche. El ayuntamiento hizo un
canje: ofreció a los militares unos terrenos del Pont d'Inca a
cambio de las murallas. Todo estaba preparado para la
«modernización de la ciudad». Faltaba, no obstante, la autorización
real. El 8 de agosto de 1902 se procedió a su demolición final.
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