Imagen de archivo del hospital Can Misses.

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha convocado concentraciones para este lunes a las 11.00 horas frente a las puertas de los centros de salud y hospitales del archipiélago, con el objetivo de mostrar el «descontento» del colectivo, ante la propuesta del Ministerio de Sanidad sobre el Anteproyecto de Ley del Nuevo Estatuto Marco.

Estas movilizaciones se enmarcan en la jornada de lucha estatal en la que participarán los distintos sindicatos de las distintas comunidades autónomas, según ha explicado la organización sindical en un comunicado.

En Baleares, la convocatoria principal se hará en el Hospital de Son Espases pero también hay protestas organizadas frente al resto de centros de salud y hospitales de Mallorca, Menorca e Ibiza.

Durante la concentración, se procederá a la lectura y entrega de un manifiesto donde se expondrán las principales reivindicaciones del colectivo médico, que de manera «unánime exige protección y unas condiciones laborales dignas para los médicos».

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Estas reclamaciones pasan por la redacción de un Estatuto Propio para los médicos, una nueva reclasificación profesional acorde con su formación y con vinculación retributiva y mejoras en el sistema de jubilación y protección ante las incompatibilidades.

También han exigido una regulación de la jornada laboral en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores y que todo lo que exceda de esta jornada, sea considerado como horas extraordinarias y retribuidas. Al mismo tiempo, piden medidas para proteger la salud laboral de los médicos y garantizar la conciliación de la vida laboral y personal.

«Desde todos los sindicatos médicos nacionales se considera que el Anteproyecto de Ley del Nuevo Estatuto Marco vulnera los derechos de los facultativos, los discrimina y pone en riesgo la captación y fidelización de médicos en España», han alegado.

De igual modo, Simebal ha asegurado que esta situación «repercutirá directamente en el deterioro del sistema de Sanidad Pública», algo que han indicado que afectaría a los 48 millones de ciudadanos del país.