El Gobierno da vía libre a la legalización de viviendas en suelo rústico y finalmente no presentará un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta medida. Madrid había amenazado con llevar este plan de legalizaciones al Tribunal Constitucional si el Govern no garantizaba que en ningún caso se legalizarían viviendas construidas ilegalmente en suelo urbano o en zonas verdes. Tras dar estas garantías, Govern y Gobierno han llegado a un acuerdo que supone la carta blanca a esta legalización.
El Butlletí Oficial de les Illes Balears publicaba ayer el acuerdo al que han llegado ambos ejecutivos. Previamente habían constituido una comisión bilateral negociadora que se ha resuelto en términos favorables al Ejecutivo balear.
Fuentes del Govern defienden que, desde el primer momento, el equipo de la presidenta estaba seguro de la solvencia técnica y jurídica de esta medida. Acusan al PSIB de intentar «sembrar dudas» de su constitucionalidad desde el primer día.
Satisfacción en el Govern
«Celebramos este acuerdo entre el Gobierno y el Govern», señalan. Precisan que la prescripción del derecho a restablecer la legalidad urbanística es un problema de la Administración «y es la Administración quien debe resolverlo».
El propio ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había alertado al Govern de que el decreto de simplificación administrativa en el que se incluía la legalización en suelo rústico podía ser inconstitucional. Lo hizo en una visita a Palma en la que mantuvo una reunión con representantes del GOB, que le reclamaron que el Gobierno llevara el texto al Constitucional. La organización ecologista fundamentaba su petición en la vulneración de los «principios de igualdad, seguridad, no regresión y protección ambiental».
Tras esta reunión, el ministro explicó a los medios de comunicación que una normativa de estas características no puede hacerse utilizando la vía del decreto ley. «Nos tenemos que sentar a hablar», dijo a Prohens. La amenaza de recurso llegaba poco después, a través de una aviso que obligó a constituir la Comisión Bilateral que ha finalizado con el acuerdo de que no haya recurso.
No es el único acuerdo alcanzado entre ambas administraciones que evita que una norma del Govern acabe en el Tribunal Constitucional. Prohens también salva de la amenaza contra el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda un recurso que dejaba en el aire la planificación de nuevos pisos, unos 4.000 según el Ejecutivo.
El Gobierno objetaba que unas medidas de este calibre no podían aprobarse por ley, sino que era preciso que quedaran recogidas en el planeamiento municipal. Se trata de medidas como la puesta en marcha de viviendas a precio limitado, la división de las casas de mayor tamaño, el cambio de uso de terrenos destinados inicialmente a equipamientos para que se destinen a vivienda, el aumento de alturas de los edificios o la reconversión de locales en pisos.
El Govern asegura que la exigencia planteada por el Gobierno suponía que, en la práctica, no podrían salir adelante unas propuestas pensadas con carácter de emergencia ya que la modificación de planeamiento es muy compleja desde un punto de vista administrativo.
2 comentarios
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Todos son iguales. Chupópteros destructivos.
Pedro Sánchez también ha apoyado el cierre de la oficina anticorrupcion. PPpsoe