Al menos 1.600 inmigrantes podrían verse afectados por el nuevo reglamento de Extranjería

Al ser la actual Ley de Extranjería española muy restrictiva, muchos migrantes han optado hasta el momento por solicitar el asilo; ya que se puede pensar, erróneamente, que es la forma más rápida de poder trabajar y residir en el país. Sin embargo, no son perceptores reales de esta norma y con el paso del tiempo acaban decantándose por la figura del arraigo social, que exigirá un mínimo de dos años de empadronamiento a partir de mayo.

Hasta la fecha, el tiempo que pasaba de una a otra solicitud sí computaba a la hora de demostrar el arraigo; sin embargo, el abuso de este mecanismo ha hecho que ahora se cambie la norma.

Este tiempo es, según sostiene el Tribunal Supremo, de «permanencia tolerada» que no genera ningún derecho para transitar a otras figuras legales que permitan su regularización. El nuevo reglamento obligará a que las personas solicitantes de asilo que quieran regularizar su situación tengan que haber estado en situación de irregularidad los últimos seis meses antes de su puesta en marcha. En España, unos 275.000 están en algún punto de la tramitación del asilo, aunque no todos se verán afectados por la nueva norma.

«Los que se van a ver afectados son aquellos que hayan solicitado el asilo y todavía no hayan recibido una respuesta negativa», explica Laura Guarda, abogada de solicitantes de Protección Internacional en Creu Roja Balears. Cuando alguien pide el asilo, con una media de un año para conseguir cita previa, se concede el permiso de trabajo a unos seis meses. Durante la espera se está en situación de permanencia. Si se recibe una respuesta negativa de asilo, lo habitual es pedir el arraigo. Según asegura Guarda, a nivel local los solicitantes están experimentado «mucha incertidumbre», pero recalca que se debe «estudiar caso por caso». El Ministerio ha habilitado un formulario para renunciar a la revisión de los casos de asilo tras una respuesta negativa, es decir, para renunciar a los recursos de reposición. Recientemente, las asociaciones Extranjeristas en red, APDHE y Coordinadora de Barrios han interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo instando a revisar la legalidad del reglamento. Alegan una restricción de derechos a los solicitantes de asilo, ya que no se tendrá en cuenta el periodo de espera para el cómputo de una futura solicitud de arraigo social, sino que se tendrán que poner el contador a cero.

«Uno de los puntos que vamos a reclamar es la incompatibilidad que existe entre la solicitud de asilo y la de arraigo», explica uno de los abogados redactores del recurso y portavoz de Extranjeristas en red, Francisco Solans. «Urge que la Secretaría del Estado de Migraciones dicte instrucciones de aplicación claras». Las entidades se preguntan si habrá una medida de gracia, pero todo parece indicar que no