Los sindicatos de Baleares estudian el dictamen del TJUE sobre la conversión de interinos en fijos

Tanto desde CCOO como desde UGT y STEI, a consulta de Europa Press, unánimemente advierten de que la resolución condiciona el aval a la medida, de forma expresa, a que no choque con el derecho nacional, cosa que ocurre en España. Eso difumina la aplicación práctica que pueda tener en el país el posicionamiento del TJUE, que, además, en Baleares llega la víspera de la constitución de la Mesa Sectorial del Empleado Público.

El dictamen europeo, respuesta a una cuestión prejudicial, admite que se pueda convertir en fijos a los interinos en abuso de temporalidad. El caso examinado es el de unas interinas catalanas cuya plaza quedó ocupada por un funcionario de carrera, que alegaban que su trabajo no respondía a necesidades temporales, urgentes y excepcionales, sino ordinarias, duraderas y permanentes--.

«El problema» para los sindicatos es la mención incluida al final del dictamen, estableciendo que se pueda «constituir tal medida siempre que esa conversión no implique una interpretación 'contra legem' del derecho nacional». En el caso de España, en la misma Constitución se determina que el acceso a la función pública debe hacerse de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

Por ello, en una valoración provisional a la espera del informe de sus servicios jurídicos, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Alfredo Gutiérrez, entiende que el TJUE «devuelve la pelota» a España.

Por ello, Gutiérrez avisa de que la respuesta del TJUE «no cambia nada» de lo que venía planteando el sindicato; al menos no de forma inmediata mientras no cambie la Constitución en España «más allá de mensajes populistas interesados».

En la misma línea se ha expresado el secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Baleares, Miguel Ángel Romero, que pendiente del informe jurídico de sus servicios nacionales ya dirige la atención a la controvertida línea del dictamen sobre el choque con la legislación nacional.

Romero también ha subrayado la necesidad de distinguir entre personal laboral y funcionario, considerando que hay una pluralidad de situaciones que hace «pretencioso hablar de un criterio general».

Mientras, desde STEI Intersindical ven en el dictamen europeo un «tirón de orejas a la administración española» pero sin un efecto práctico inmediato.

Desde el STEI han denunciado de nuevo el origen del problema, que sitúan en la limitación de convocatorias públicas de 2007 a 2016 en los presupuestos estatales. «Se ha jugado con la inestabilidad de muchísima gente. La administración ha obligado a muchas personas a ser interinos cuando deberían haber podido optar a su plaza», han lamentado.

LAS COMPENSACIONES SON INSUFICIENTES

Por otro lado, el STEI ha resaltado que el documento constituye «una crítica a los procesos de estabilización» realizados en España, al determinar que las compensaciones a los cesados no son «suficientes» ni tampoco tienen un efecto disuasorio para la administración: «No evita que se vuelva a repetir».

Esas compensaciones, de 20 días por año trabajado, equiparaban los ceses de estos trabajadores a un despido objetivo en el sector privado, ha reflexionado Gutiérrez, de CCOO: «Ya en su momento dijimos que nos parecía, como medida disuasoria, insuficiente».

Por ello, el representante de Comisiones ha insistido en que las indemnizaciones deben «tener como consecuencia que las administraciones no repitan» los abusos que han llevado a esta situación. Espera que el posicionamiento del Tribunal europeo contribuya a «forzar a las administraciones a no cometer los abusos de temporalidad» y que no sigan cubriendo puestos estructurales como si fueran necesidades puntuales: «Que se pongan las pilas de una vez por todas, porque se están comenzando a cometer los mismos errores que en el pasado».

SIAU URGE A EDUCACIÓN A ESTABILIZAR INTERINOS

Por su parte, el Sindicato Independiente, Autónomo y Unitario (SIAU) ha emitido un comunicado instando a Educación a estabilizar a los docentes en abuso de temporalidad.

SIAU considera que la posición del TJUE confirma sus tesis y protesta: «Mientras Europa va bien encaminada, el Estado español sigue remando contra corriente, condenando a los docentes a la más absoluta precariedad».

Según SIAU, «España no ha hecho los deberes ni ha castigado de forma adecuada el abuso de temporalidad». En esta línea ha urgido a estabilizar al personal docente interino «sin excepción».