Los municipios de Baleares decidirán si los puntos de recarga de vehículos son de pago

La red pública de puntos de recarga (denominada Mobilitat Elèctrica de les Illes Balears, MELIB) también podrá incorporar la iniciativa privada a este tipo de instalaciones en la vía pública. Para ello, estos promotores privados deberán acordar convenios con el ayuntamiento en cuestión o con el Institut Balear de l’Energia (IBE) para integrar sus puntos de recarga en la red MELIB, teniendo en cuenta que, además de los costes de instalación, existen los de mantenimiento.

Respecto al decreto de simplificación en general, el conseller Sáenz de San Pedro destacó cuatro puntos: «Se establece el concepto de interés autonómico energético para los proyectos de renovables y así eliminar duplicidades y evitar retrasos; respuesta en un máximo de 30 días a la presentación de proyectos energéticos; incorporar la iniciativa privada a la red MELIB mediante convenios con los ayuntamientos o el IBE; y la automatización, robotización y digitalización de los trámites energéticos a través de una plataforma que agilice, optimice y simplifique los procesos. Está previsto que en el último trimestre de este año ya funcione esta plataforma».

Sáenz de San Pedro subrayó que «estas actuaciones responden a las demandas de los sectores implicados y de los propios ciudadanos para facilitar un despliegue razonable y óptimo de las energías renovables».

Por su parte, Diego Viu recordó que «dos semanas después de cerrar las convocatorias de ayudas o subvenciones para proyectos energéticos, todos los expedientes han sido revisados. Y se están liquidando las ayudas dos meses después de haber acreditado el pago de las facturas».

El grupo parlamentario socialista ha denunciado «los pasos atrás dados por el decreto de simplificación en materia energética, sin ninguna justificación, rebajando las políticas climáticas en lugar de acelerarlas». Una de las cuestiones criticadas por los socialistas se refiere a la exoneración del pago de una compensación a las empresas energéticas por proyectos en suelo rústico. La compensación ascendía al 10 % del coste de inversión.

Al respecto, el director general d’Energia i Canvi Climàtic respondió que «la exoneración está vigente desde marzo de 2023, con el anterior Govern, por lo que las críticas socialistas resultan sorprendentes. Lo que hemos hecho es incluir en la exoneración las líneas de evacuación de energía y las baterías de almacenamiento».

Otra crítica del PSIB se refería a que «los desarrollos urbanísticos debían cubrir su incremento de la demanda energética con renovables. Asimismo, las nuevas edificaciones en suelo rústico a las que no llega la red eléctrica debían instalar un autoconsumo para cubrir su consumo. Ahora, con el decreto de simplificación, todo ha quedado reducido a cubrir un mínimo de dos horas de consumo».

Sobre esta cuestión, Diego Viu señala que «en una situación de emergencia habitacional como la actual, cumplir con la exigencia de cubrir el 100 % del consumo con renovables supone una pérdida de espacio y resulta inviable para el desarrollo del suelo. Por ello, establecemos un mínimo de dos horas, que es el tiempo calculado en el que todos los aparatos eléctricos están conectados a la vez».

Finalmente, los socialistas han criticado que el decreto de simplificación haya eliminado la obligación de cubrir con paneles solares todos los aparcamientos de más de mil metros cuadrados. En este sentido, Diego Viu indicó que «hay empresas que no llegan a un consumo tan alto y exigirles un máximo de ocupación de paneles solares en sus aparcamientos supone una inversión muy grande de difícil amortización. Lo que podría ocurrir es que se desperdiciase toda esa energía porque el almacenamiento en baterías es aún muy caro».