Imagen de archivo de las instalaciones de Ca na Putxa. | Archivo

La Comisión Mixta de Insularidad ha aprobado la propuesta del PP balear, defendida por el senador por Menorca, Cristóbal Marqués, en la que se exige al Gobierno central que sufrague el coste del transporte de los residuos generados en Baleares que no hayan podido valorizarse in situ y que deban ser trasladados por mar a la península o a una isla diferente.

En su intervención, Marqués ha destacado que ,"a pesar de que el REB y también la Ley Residuos estatal contempla como obligación del Gobierno central hacerse cargo de los costes, nunca ha sido así y los ha asumido el Ejecutivo autonómico pese a no tener la competencia para ello".

"Ya se ha visto como en los últimos años el Govern ha asumido las ayudas al Consell de Formentera, que ascienden a alrededor de ocho millones de euros", ha agregado.

Además, el senador ha recordado que "cuando se inició la tramitación de la Ley de Residuos en la cámara alta, el entonces senador autonómico José Vicente Marí logró acordar la introducción de una enmienda en la que se garantizaba la financiación del transporte por mar a la península o a otra isla de Baleares, que a día de hoy afectaría al transporte de residuos entre Formentera e Ibiza".

"En ese momento, la enmienda contó con el voto favorable del PSOE y Unidas Podemos. Pero una vez enviada la Ley para su aprobación en el Congreso, de manera incomprensible, la enmienda aprobada en el Senado fue rechazada con los votos en contra del PSOE y Unidas Podemos, lo que supuso una oportunidad perdida para costear el traslado de los residuos", ha añadido Marqués.

De esta manera, el Senado ha dado luz verde a la moción del PP, con el voto en contra del PSOE, algo que ha lamentado el parlamentario 'popular'. "El PSOE votó a favor de esta misma propuesta en el Parlament hace un año, y ahora votan en contra. Una vez más, votan una cosa en Baleares y otra en Madrid", ha censurado.

Asimismo, ha afeado a la actitud de los socialistas de oponerse a todo y de no querer solucionar ni el transporte de residuos, ni el plus de insularidad o que Formentera cuente con un juzgado de primera instancia e instrucción. "Ya sabemos para qué querían la comisión de insularidad; para no hacer nada, discursear y oponerse a todo", ha concluido.

INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA

La Comisión Mixta de Insularidad ha aprobado, por otro lado, una proposición de Vox defendida por Jorge Campos para que se actualice la indemnización por residencia a los funcionarios de la Administración General del Estado.

En una publicación en su red social X, Campos ha matizado que la iniciativa sirve "para que se cubran los puestos vacantes y se garanticen los derechos de los hispanohablantes".

"Es una justa reivindicación que defienden las plataformas Insularidad Digna y la Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos (Unisep)", ha añadido.

El objeto de la iniciativa consiste en que el Ejecutivo actualice las indemnizaciones por residencia "para adaptarlas a la realidad económica de Baleares, pues llevan 16 años sin actualizarse, e impulsar la cobertura de los puestos vacantes en las relaciones de puestos de trabajo de la Administración General del Estado en los territorios insulares", han explicado desde Vox.

Esta problemática, según han considerado, se resume en dos cuestiones principales, como son "el alto precio de la vivienda y la carestía tan alta de la vida en el archipiélago, y la barrera idiomática que supone la inmersión lingüística obligatoria en catalán, que afecta a las familias de los funcionarios que tienen hijos en edad escolar y que supone un fracaso para esos niños o la separación de las familias".

En esta línea, el diputado Jorge Campos ha celebrado que en cuestión lingüística, el Govern "está dando algunos pasos para acabar con ella".