«No llegaban a los estándares de las mascarillas FFP2, pero sí eran mascarillas válidas como quirúrgicas», explican fuentes de la expresidenta de Baleares que insisten en que por eso se reclamó la diferencia de precio entre una calidad y otra, y no el total. Reiteran que los populares no pueden basar su denuncia en la irregularidad del procedimiento, toda vez que el Gobierno de Armengol inició la reclamación del material después de comprobar que una parte de las mascarillas recibidas no tenían la calidad por la que se pagó.
Según el sumario del caso Koldo, al que ha tenido acceso EFE, la Conselleria de Salut del Gobierno balear emitió un certificado el 12 de agosto de 2020 en el que hacía constar, a petición de la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que no se tenía «conocimiento» en ese momento «de ninguna incidencia» y que los suministros realizados durante ese año habían sido satisfactorios. Fue en 2023 cuando la administración balear todavía presidida por Armengol acabó reclamando a la empresa del caso Koldo 2,6 millones de euros.
Armengol explicó esta semana que dejó el expediente firmado para que se devolviera una parte del dinero y que así se lo hizo saber a la nueva presidenta de Baleares, Marga Prohens. «Se les explicó que existía este expediente y que tenían que reclamarlo», dijo la presidenta del Congreso, si bien Prohens ha negado este punto hoy y ha señalado en una entrevista en Onda Cero que «no estaba esta información en el traspaso de poderes».
Prohens ha insistido en que su gobierno inició el expediente de reclamación para recuperar todo el dinero de las mascarillas y no solo una parte, el 24 de agosto. «No estamos en el trámite administrativo, estamos en el ámbito penal para reclamar los 3,7 millones de euros, porque todo el contrato es fraudulento», ha reiterado tras considerar que la reclamación anterior no tenía sentido cuando "son unas mascarillas 'fakes', que no sirvieron para lo que se habían comprado.
La presidenta balear ha afirmado que el 90 % de las mascarillas caducaron en 2022 mientras que el entorno de Armengol cree que fueron los populares los que dejaron caducar la reclamación iniciada por el gobierno socialista. Armengol justifica que la reclamación de la diferencia del dinero se hizo dentro de los plazos y recuerda que el tiempo transcurrido de tres años es el tiempo medio que han tardado la mayoría de los expedientes administrativos de pandemia. Acusan al PP de «difamación» y reiteran que el contrato con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas «está bien hecho» y fue fiscalizado «dos veces positivamente».
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