La propuesta de la Direcció general d'Infància, Juventud, Famílies, Igualtat i Diversidad, y publicada en el BOIB desde el pasado 16 de enero, se formuló a raíz de detectar una problemática que afectaba a un número elevado de personas jóvenes extuteladas, que tras cumplir la mayoría de edad y salir de los centros de protección, no cumplían con los requisitos para iniciar un proceso de emancipación ni para obtener otro tipo de ayudas sociales, como el IMV.
Sin embargo, esta medida no es nueva. La Conselleria, en ese momento gestionada por el Govern del Pacte, hizo pública en el Bulletí en marzo de 2023 esta misma convocatoria pero con una cuantía mensual de 100 euros. Para el pago de esta cantidad, se disponía de una partida de 22.500 euros incluida en los Presupuestos de 2023.
El argumento de ahora es que «debido a la demora en la tramitación del IMV para obtener una respuesta», se consideró necesario prorrogar esta ayuda y modificarla. De aquí que el incremento haya aumentado a 200.
Ahora, la nueva resolución establece que esta mensualidad de 200 euros tendrá una duración de seis meses y será «incompatible» con otras prestaciones sociales, como la Renta Social. Esto significa que un joven que quiera solicitar esta ayuda no tiene que beneficiarse de otras prestaciones. Este año, el Govern destinará a esta beca 35.000 euros de los Presupuestos de 2024.
Entre los requisitos, los jóvenes solicitantes de esta prestación social deberán haber cumplido la mayoría de edad mientras estaban tutelados por la Administración; tendrán que formular la petición y demostrar que han solicitado el IMV y no se les ha concedido; tener ingresos inferiores a los de la Renta Social Garantizada; residir en Balears y tener un expediente abierto en los Servicios Sociales.
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