Residuos

Imagen de la planta de Milà, en Menorca. | Pep Mir

Nekane DomblásPalma02/11/23 0:29
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El Govern suprime el recargo al impuesto de residuos tras un acuerdo con el Gobierno central. Las dos administraciones han llegado a un conseso que pasa por la supresión de este recargo que se creó a través de un artículo de la Ley de Presupuestos de este año. El problema es que el Gobierno de Pedro Sánchez consideró que el Govern no tenía competencias para hacerlo y amenazó con llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Tras una negociación, el Govern de Marga Prohens ha aceptado anular este recargo impositivo.

Se trata del canon de vertidos e incineración que gravaba a los ayuntamientos que no hicieran recogida selectiva de la materia orgánica. A cambio, con este dinero se beneficiaba a los que sí lo hicieran. El vicepresident del Govern, Antoni Costa, explica que, pese a que el Govern defendía este gravamen, el Gobierno de Pedro Sánchez estaba decidido a recurrirlo en cualquier caso, de ahí la decisión de suprimirlo.

Lo gestiona Madrid

Seguirá en vigor este impuesto en las Islas ya que así lo establece la legislación estatal, pero lo que no se hará es aplicar ese recargo a los municipios menos cumplidores. De esta manera, el Govern derogará esta disposición recogida en la Ley de Presupuestos y lo hará, muy probablemente, en la nuevo proyecto de ley en el que trabaja el equipo de Antoni Costa.

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La ley sigue bloqueada por el desencuentro entre PP y Vox en materia de implantación de la libre elección de lengua en las aulas y aún no se ha podido aprobar el techo de gasto, pero el vicepresident confía en que haya acuerdo y que las cuentas queden desbloqueadas.

El artículo que desaparece fijaba un gravamen progresivo para los municipios que no lleven a cabo recogida selectiva de la fracción orgánica. Implicaba un incremento de un 1 % en 2023, un 15 % en 2024 y un 30 % en 2025 y siguientes si los municipios seguían sin poner en marcha medidas para acabar con el vertido o la incineración.

El incremento del gravamen se justificaba en que el Govern consideraba que esos ayuntamientos no cumplían los requisitos de recogida selectiva de materia orgánica y pago por generación de la fracción rechazo de los residuos municipales de la Ley de Residuos de 2019, sobre la que también pesó una amenaza de inconstitucionalidad que no llegó a concretarse. El Gobierno informa de que el acuerdo alcanzado con Balears se suma a otros logrados entre el Ministerio de Política Territorial y las comunidades de Extremadura y País Vasco. Se ha podido llegar a estos acuerdos a pesar de que el Gobierno sigue en funciones hasta que no se elija un nuevo presidente.