Los constructores claman contra los ayuntamientos por negarse a revisar los precios

Es por ello que los constructores han querido transmitir el «profundo malestar» existente, ya que, denuncian, se han presentado ya 18 reclamaciones a los consistorios sin ninguna respuesta por su parte. Para la asociación, los representantes municipales se están desmarcando a las bravas del dictamen 27/2022 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que obliga a las corporaciones locales -consells insulares y ayuntamientos- a adherirse a las medidas de compensación económica sin necesidad de acuerdo plenario. «No entendemos cómo los políticos pueden declarar públicamente estar al lado de las empresas y después no querer aplicar las revisiones y compensaciones a las que tienen derecho», lamenta Alba.

Asimismo, señalan que solo el 14 % de las obras públicas en Baleares tienen derecho a revisión, ya que el 86 % restante queda pendiente de que el Govern fije los parámetros para la compensación económica. La asociación urge al Ejecutivo a actuar, ya que si se dejara en suspenso el decreto autonómico, advierten, las constructoras acudirían en masa a la justicia ordinario, con el riesgo añadido de «saturar los juzgados».