Los agricultores, ganaderos y pescadores recibirán siete millones de euros en ayudas. Además, se canalizará liquidez por un valor de seis millones a través de ISBA para el sector primario y se crearán otras dos líneas de ayudas directas. La primera permitirá a las embarcaciones pesqueras compensar la subida de carburantes con un millón y medio; la segunda subvencionará el transporte de materias primas del sector agrario y ganadero con 2,5 millones. Además, los pescadores estarán exonerados de las tasas en los puertos autonómicos, mientras que a las navieras que transportan mercancías se les aplicará una rebaja en los puertos de titularidad de las Islas.
En relación al resto de sectores, la presidenta ha detallado que al resto de sectores se le prorrogarán las carencias de los créditos ISBA, que «en los dos últimos años años han hecho llegar 285 millones a 3.300 empresas y autónomos de estas Islas». «Ahora impulsaremos nuevas medidas de liquidez para movilizar hasta 30 millones de euros en financiación hacia nuestro tejido productivo, una cantidad que se suma a los 70 millones de euros» que ya estaban disponibles. «Serán así 100 millones de créditos, a los que se añadirán los más de 410 millones que calculamos que pueden llegar dentro de la nueva línea ICO de 10.000 millones, activada desde el Estado para hacer frente a las necesidades provocadas por la guerra y el choque de precios», ha resaltado.
También se pondrán en marcha medidas destinadas al pequeño comercio. En concreto, se reforzará la campaña de bonos para estimular la actividad. «Inicialmente activaremos 1.250.000 euros (que generan compras de clientes por un valor de 3.750.000 euros)». Además, ha señalado que el objetivo es sumar programas municipales y poder triplicar la cuantía, hasta llegar a los 10 millones de euros.
La construcción se verá beneficiada porque se actualizará el presupuesto de las adjudicaciones de obra pública «para proteger la ocupación y garantizar la ejecución de inversiones clave». En concreto, se activará un mecanismo de revisión de los contratos adjudicados, que supondrá que el Govern canalizará directamente a las empresas al menos 36,8 millones adicionales al año, a los que se deben sumar las actualizaciones que puedan hacer los consells y los consistorios.
En materia de transportes también hay novedades, como la revisión de los contratos de servicios públicos, como el transporte escolar y otras formas de transporte público regular, que «se actualizarán para asegurar la viabilidad de las empresas y evitar sobrecostes a las familias y usuarios». Armengol ha recordado que la semana pasada acordaron un primer paquete de ayudas directas de cinco millones de euros para el transporte. «Hablamos de 7.000 empresarios y autónomos que están padeciendo las consecuencias de la escalada energética. En este punto, ha agradecido al conseller de Mobilitat, Josep Marí, que cerrarse un acuerdo con los transportistas antes que en la Península. Posteriormente, el Gobierno ha acordado destinar 1.000 millones de euros a todo este colectivo en España; cada vehículo profesional recibirá entre 300 y 1.000 euros por la subida de los carburantes.
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