La inversión por alumno de la concertada ha aumentado en 879 euros desde 2015

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Los 42 millones no incluyen los 9,4 millones que en los últimos dos años se han destinado a causa de la COVID para contratar profesores sustitutos y comprar material sanitario. «Los hemos tratado como a los centros públicos», puntualiza el director general de Planificació, Ordenació i Centres del Govern, Antoni Morante, que niega tajantemente que la Conselleria tenga ninguna deuda económica con la concertada. Morante rechaza que exista una deuda de unos seis millones de euros, como afirmó la patronal Escola Catòlica en una información de este diario publicada el 6 de marzo. Esta estimación fue hecha en base al hecho de que la asignación que concede cada año el Govern a los colegios concertados para que los destinen a sus gastos de funcionamiento lleva congelada desde 2008, según criticó la patronal. Morante también lo niega y recuerda que este año se ha descongelado, y se ha incrementado en 975.000 euros: de 21.569.981 se ha pasado a 22.544.981. «Es cierto que hasta entonces estaba congelada, pero siempre hemos pagado por encima de lo que establece la normativa estatal; no hacerlo es ilegal», comenta el director general.

Contrariamente, el director general recuerda que cuando llegaron a la Conselleria, en 2015, pagaron una deuda de 1,9 millones de euros heredada del gobierno del PP, y que correspondían a sustituciones de bajas de profesores que no se habían abonado a los centros. Por eso, desde 2016 las sustituciones se pagan directamente, de manera que ya no se pueden volver a acumular deudas, explica Morante. Asimismo, entre 2016 y 2017, recuerda que regularizaron una deuda de 10.003.528 euros generados durante la legislatura en la que gobernó el PP.