En concreto, la cotización de las empresas subirá 0,5 puntos porcentuales y la de los trabajadores 0,1 puntos. Por contingencias comunes las compañías pagan en estos momentos un 23,6 por ciento de la base de cotización, mientras que los empleados cotizan un 4,7 por ciento. Tras el acuerdo alcanzado este martes entre el Ejecutivo central y los representantes de los trabajadores, las cotizaciones pasarán a ser del 24,1 por ciento y del 4,8 por ciento, respectivamente; no obstante, aún se tienen que conocer los detalles del pacto.
Esta medida entrará en vigor en 2023 y se mantendrá hasta el año 2032. A partir de 2033 se revisará cada tres años si el nivel de gasto programado para 2050 que se proyecta en el informe de 2024 'Ageing Report' se desvía de esas previsiones. En el caso de no cumplirse lo previsto se utilizará el fondo para cubrir la desviación. Si, por el contrario, no se produce un incremento se pedirá permiso al Pacto de Toledo para rebajar de nuevo las cotizaciones, o bien, para utilizar el superávit par subir las pensiones.
El objetivo que se persigue es recaudar unos 50.000 millones de euros en 10 años para garantizar el pago de las pensiones entre 2032 y 2050. Este pacto ha estado motivado, precisamente, para no poner en riesgo el pago de las pensiones de los 'baby boomers', los nacidos nacidos entre finales de los años 50 y de los 70 cuando hubo un pico demográfico en España, que ahora empiezan a retirarse. Este acuerdo se incluirá vía enmienda en el proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad del sistema, que se encuentra en tramitación parlamentaria.
Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, sostiene que «el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social es un problema para empresas y trabajadores activos para incrementar el fondo de reserva de las pensiones mínimamente, o incluso perjudicarlas». A su modo de ver, «el problema de las pensiones realmente es el salario: España es el país de la OCDE donde la tasa de sustitución es más alta, es decir, el porcentaje del último salario que representa la pensión. Si así nos parece baja, es porque el salario es muy bajo».
Además, precisa que «en una comunidad como la nuestra, donde la mayoría de puestos de trabajo son del sector servicios poco cualificados con salarios bajos, y desgraciadamente ingresos no declarados, subir los impuestos al trabajo es todavía más perjudicial: los salarios bajarán más, se incentivará la economía sumergida -fácil en el sector de la restauración con tributación por módulos- y se desincentivará la contratación».
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