El Consell de Govern, en una reunión extraordinaria, aprobó ayer la primera Llei d'Educació de Balears, veintitrés años después de que el Estado transfiriera en 1998 la competencia de la educación no universitaria a las Islas.
Tras una reunirse con la comisión permanente del Consell Escolar de les Illes Balears, la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, comparecieron para explicar la primera ley educativa propia de la comunidad. Armengol declaró que es «hoy un día muy emocionante para el Govern, la comunidad educativa y la sociedad balear en general. Esta ley es un paso firme y decidido para consolidar y mantener la estabilidad necesaria del sistema educativo de Balears».
La ley, con 167 artículos, deberá iniciar ahora su preceptivo período de tramitación en el Parlament, por lo que el conseller d'Educació, Martí March, apeló a la «altura de miras» de todos los partidos para conseguir el marco más estable posible para el texto.
Sin rupturas
El conseller señaló que «la escuela es un elemento clave de la transformación social y necesita procesos dialogantes, continuidad y estabilidad, no rupturas cada vez que hay un cambio de gobierno. No somos ingenuos y sabemos que no habrá unanimidad, pero al menos tiene que haber un debate serio y riguroso a través de la política con mayúsculas y de la capacidad para dialogar y acordar unos acuerdos mínimos de cara a la comunidad educativa y la sociedad en general».
Pasando a contenidos concretos, el conseller destacó los puntos principales de la ley: regulación de la etapa educativa 0-3 años y de las enseñanzas artísticas superiores; mayor participación de una comunidad educativa «plural y diversa»; potenciación de la educación inclusiva; apuesta por la autonomía de centros; equilibrio entre los centros públicos y concertados; refuerzo del Servei d'Inspecció Educativa; y estabilidad de la financiación de la enseñanza concertada En este sentido, March indicó que «cada gobierno puede aportar ideas, decretos, normas y reglamentos, pero debemos lograr unos acuerdos mínimos para esta ley. Hasta ahora, el texto ha pasado por audiencias, mesas, reuniones bilaterales, el Consell Escolar y el Consell Econòmic i Social».
Dos cuestiones merecieron comentarios más extendidos del conseller: el compromiso de que la educación suponga la inversión del 5 % del PIB balear ocho años después de la entrada en vigor de la ley y el modelo lingüístico, que mantiene el Decret de Mínims y garantiza al menos el 50 % de los contenidos en catalán según la autonomía de cada centro y de su proyecto lingüístico. Al respecto, March subrayó que «estamos ante una ley educativa, no lingüística, pero, en este ámbito, el modelo es plural, con el catalán como lengua básica y con un margen que también abarca la enseñanza de contenidos en lenguas extranjeras».
Reducción
La reducción progresiva de las ratios también forma parte de la futura ley. En el plazo de dos años desde su entrada en vigor, la Conselleria d'Educació tiene que elaborar un plan que permita la reducción progresiva de las ratios hasta un 10% del máximo establecido por la normativa básica.
La mencionada regulación del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) prevé el objetivo de universalizar la escolarización de esta etapa y hacerla gratuita progresivamente. Para ello se establece la elaboración de un plan de creación y mantenimiento de escuelas infantiles, coordinado con los consells insulars y los ayuntamientos. Como se recordará, recientemente la presidenta Armengol y el conseller March anunciaron una inversión de 14,4 millones de euros para crear 1.600 plazas educativas de 0-3 años hasta 2024.
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