En su declaración ante la Guardia Civil, el empresario Jesús D.B. negó que tuviera acceso a datos confidenciales de la causa. Señaló que sólo habló con personal de la Autoritat y que, de forma causal, advirtió que era posible que hubiera problemas legales. Además, dejó claro que, desde hace años, está enemistado con Gual y la anterior cúpula de la institución, con la que ha tenido varios contenciosos. De hecho, el ahora detenido estuvo asociado con un empresario madrileño que presentó varios recursos contra la concesión del Club Naútico de Eivissa y él mismo presentó un contencioso contra la decisión de la Autoritat de denegarle el permiso para la construcción de un hotel boutique en el puerto de Palma. Ese recurso fue finalmente desestimado por los tribunales.
Esta detención está acotada a esa supuesta revelación de secretos y no estaría relacionada de forma directa con los hechos que detonaron la actuación judicial en la Autoritat. La investigación pretende averiguar si hubo alguna fuga de información por parte de algún funcionario público hacia el investigado en una causa que se maneja con un especial celo y sigilo por parte de la magistrada instructora, Martina Mora, y la fiscal Anticorrupción, Laura Pellón. De hecho, el secreto sumarial se ha prorrogado un mes más esta semana, a la espera de que la Guardia Civil termine el análisis de la documentación intervenida en los registros y de posibles nuevas diligencias.
Secreto máximo
La investigación judicial arrancó en abril tras una querella de Anticorrupción. El caso estalló el 23 de julio con la detención de Gual y de otros tres directivos de la Autoritat por la Guardia Civil. Durante dos días los agentes registraron los despachos de los arrestados en la sede del organismo. La causa investiga varias adjudicaciones llevadas a cabo en los puertos de Maó e Eivissa ante la existencia de sospechas de que fueron manipuladas. Además, se pretende aclarar si, con ellas, Gual pudo beneficiar a algunos de sus acreedores personales, entre otros extremos. También se investiga a la responsable de la Abogacía del Estado en Balears.
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