En vilo por la negociación de los ERTE

Gobierno central, sindicatos y patronal dan por sentado que los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) por fuerza mayor se prolongarán más allá del 30 de junio, fecha en que expiran según la legislación en vigor. Sin embargo, a diez días para que finalice el plazo el Ejecutivo de Pedro Sánchez –que tiene las competencias en esta materia– aún no ha aprobado el decreto que establecerá las condiciones en que se mantendrán las suspensiones temporales de empleo. Se debe a una falta de acuerdo entre el Gobierno y las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT, CCOO, que en esta ocasión hacen frente común. Las negociaciones siguen avanzando y todas las partes han manifestado su voluntad de consenso.

Condiciones actuales de los ERTE de fuerza mayor
Desde que se decretó el estado de alarma y hasta el 30 de junio, las empresas de hasta 50 trabajadores con ERTE de fuerza mayor tienen una bonificación a la Seguridad Social del 100 %. Esta bonificación fue del 85 % en mayo y del 70 % en junio en las cotizaciones sociales de los trabajadores que se reincorporaron, mientras que para los empleados que continúan con sus actividades suspendidas o su jornada reducida, la exención fue del 60 % en mayo y del 45 % en junio.

En las empresas de más de 50 trabajadores, cuya cotización está bonificada un 75 %, la exoneración pasó a ser del 60 % (mayo) y del 45 % (junio) para los trabajadores que se han reincorporado, mientras que se quedó en el 45 % en mayo y en el 30 % en junio para los que permanecen en el ERTE.

Propuesta del Gobierno a partir del 1 de julio
En su última propuesta escrita, el Gobierno ha planteado extender los ERTE de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre, aunque rebaja las exoneraciones a la Seguridad Social. En las empresas de menos de 50 trabajadores, para los empleados reincorporados, la exención sería del 60 % en julio; del 25 %, en agosto; y del 40 %, en septiembre. La bonificación de la cotización de los trabajadores con el empleo suspendido sería del 35 % en julio; del 25 %, en agosto; y del 15 %, en septiembre. Si la empresa supera los 50 trabajadores, las exenciones se reducirían al 35 %, 25 % y 15 % en los meses de julio, agosto y septiembre, respectivamente, en el caso de los trabajadores que vuelvan a la actividad. Para los que permanezcan en el ERTE, el Estado propone exenciones a la Seguridad Social del 20 % en julio; del 10 %, en agosto; y del 5 %, en septiembre.

Petición de patronales y sindicatos
Precisamente las exoneraciones propuestas por el Gobierno son el principal escollo que impide avanzar en las negociaciones con los agentes sociales. Patronales y sindicatos reclaman la extensión de los ERTE hasta final de año y una mayor bonificación a la Seguridad Social, sobre todo la de los trabajadores que permanezcan con el empleo suspendido. Esperan ahora una nueva propuesta por escrito por parte del Ejecutivo central.

La propuesta realizada desde Baleares
El pasado 4 de junio, Govern y agentes sociales y económicos de las Islas ya pactaron un documento de petición para trasladar una petición conjunta al Gobierno en materia laboral. La propuesta conjunta solicita que los ERTE tengan vigencia hasta final de año y plantea exoneraciones a las cotizaciones al 100 % de los trabajadores afectados por un ERTE (o un 50 % en el supuesto de que queden desafectados).

La afectación en Baleares
Baleares es una de las comunidades con mayor porcentaje de trabajadores con el empleo suspendido. En estos momentos unas 17.000 empresas están en ERTE, que afectan a más de 106.000 trabajadores. A éstos hay que sumar los fijos discontinuos que no han sido llamados y que también se incorporan a los ERTE para garantizar así que cobren una prestación.

¿Qué pasará si no hay acuerdo o se mantiene la propuesta del Gobierno?
Las empresas de Balears no podrán incorporar a todos los empleados en ERTE porque no habrá trabajo suficiente. Tampoco podrán mantener a parte de la plantilla con el empleo suspendido sin exoneraciones a las cotizaciones a la Seguridad Social. La presidenta de la CAEB –patronal que forma parte de CEOE y de CEPYME–, Carmen Planas, es muy clara en este sentido. Hace tiempo que advierte de la necesidad de mantener los ERTE en condiciones que favorezcan la supervivencia de las empresas y se pueda mantener el empleo. En caso contrario, se prevé un alud de cierres y despidos colectivos.