Protección de Datos avala investigar la renta de los beneficiarios del 75 % de descuento

La Agencia de Protección de Datos ha actuado a raíz de una queja del Parlament balear en la que se denunciaba que el ministro Ábalos no cumplió la ley de protección de datos al ordenar esta investigación. En una intervención en el Congreso, Ábalos aseguro que se estaba haciendo esta cruce de datos para saber quiénes se beneficiaban de las bonificaciones y cuántas veces «porque podría ser que unos no se beneficien demasiado y a veces quizá se estén beneficiando demasiado los mismos». Afirmó que podía estar dándose un uso «perverso» de estas ayudas.

Polémica política

Las declaraciones de Ábalos provocaron una enorme polvareda política, pero la Agencia de Protección de Datos ha terminado dando la razón al ministro. Su directora, Mar España Martí, constata en una resolución la «falta de indicios racionales» de una infracción. En el escrito en el que el que se exonera a Ábalos, Protección de Datos incorpora las alegaciones presentadas por el ministro antes estas acusaciones.

Ábalos asegura en este escrito que no se ha hecho ningún tratamiento de datos de carácter personal. Añade que, a instancia de la Airef «y como parte del ejercicio Spending Review 2019», el Ministerio recibió datos de la Agencia Tributaria «que fueron anonimizados» por el Ministerio y entregados a la Airef.

Señala que esta actuación se enmarca en el proceso de revisión del gasto de las Administraciones aprobado por el Consejo de Ministros, que obliga al Gobierno a facilitar todos los datos a la Airef «en cumplimiento de una obligación legal» y en el marco de «una misión realizada en interés público para su tratamiento posterior con fines estadísticos y científicos, sin necesidad de consentimiento previo».

En su escrito de alegaciones, el Ministerio concluye que los datos relativos a los tramos de renta y el número de bonificaciones del descuento de residente se trataron «solo a efectos de cumplir el encargo recibido por la Airef», que es controlar el gasto de las Administraciones públicas.

La Agencia de Protección de Datos da un mes al Parlament para plantear un recurso de reposición ante la directora de la Agencia o le comunica que puede presentar directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de tres meses.