La vicepresidenta y consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, anunció ayer en Madrid, tras asistir en la Conferencia Sectorial del Turismo, que la sanción de 300.000 euros impuesta a la plataforma de alquiler vacacional Airbnb ya es firme.
«La empresa fue sancionada el pasado mes de febrero por comercializar oferta turística ilegal. Los trámites previstos en la ley ya han finalizado y la sanción es firme, una vez desestimadas las alegaciones en contra de la sanción», puntualizó Busquets.
Quedan pendientes las alegaciones presentadas por Homeaway y Tripadvisor, que fueron sancionadas por el mismo motivo en abril pasado y con multas también de 300.000 euros.
La consellera participó con el resto de consejeros de Turismo de todas las comunidades autónomas en un acto presidido por la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, y al que también asistió la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver.
Durante este encuentro, según Busquets, se analizó la regulación del alquiler turístico: «Hemos constatado que es una cuestión que se tiene que regular desde los gobiernos autonómicos, principalmente porque cada autonomía tiene una realidad y unos problemas territoriales muy diversos».
Busquets dio a conocer la normativa vigente en Balears al resto de autonomías, haciendo especial hincapié en aspectos tan importantes como la zonificación turística. «He explicado que es una normativa que pone énfasis en el hecho de que la zonificación tiene que estar en manos de los consells y el Ajuntament de Palma».
Añadió que en cada autonomía la problemática del alquiler turístico vacacional es diferente: «Para unos es una oportunidad, porque genera prosperidad y diversifica la economía, y en el caso balear necesita una regulación y limitación porque es una amenaza para el acceso a la vivienda o para la convivencia entre vecinos y vecinas».
Modificar la LAU
Reivindicó en la reunión que el alquiler turístico tiene que estar regulado con leyes turísticas autonómica. Por ello, alabó la intención del Gobierno de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), «porque de hecho era una demanda que se ha reivindicado desde Balears».
La vicepresidenta puntualizó que «tenemos que diferenciar qué es el alquiler de temporada, que siempre tiene que estar relacionado con actividades que no tienen que ver con la actividad turística».
1 comentario
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Calderilla, para los 9 millones que recaudaron... Bahh, cap problema!! No hay voluntad real de acabar con la lacra de oferta ilegal.