La FEHM pide que los controladores responsables del caos aéreo de 2010 paguen 8 millones

La patronal hotelera ha presentado escrito de acusación ante el juzgado de instrucción 1 de Palma en el que considera a 76 de los controladores imputados responsables de un delito de abandono colectivo de un servicio público.

La FEHM, personada en calidad de acusación particular, solicita una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 300 euros para 70 de los acusados, mientras que para los 6 que eran en el momento de los hechos delegados del sindicato USCA reclama la misma pena de multa y la suspensión de empleo o cargo público por dos años.

Cada una de las multas solicitadas por la organización empresarial suma 108.000 euros, por lo que el importe total asciende a 8.208.000 euros.

La presidenta de la FEHM, Inmaculada Benito, ha defendido que con su acusación la entidad persigue «una resolución ejemplar» que compense por «el daño reputacional a España en su conjunto y especialmente a las Islas Baleares» ocasionado por la paralización de la actividad aérea en todo el país el 3 y el 4 de diciembre de 2010.

En un comunicado, la patronal señala que considera que en la instrucción se ha puesto de manifiesto «la existencia de un concierto previo para el abandono de funciones promovido, dirigido y organizado por el sindicato USCA» al inicio del puente de diciembre de 2010.

«La actuación de los controladores provocó que más de 600.000 pasajeros resultasen afectados, unos 40.000 de ellos en Baleares», resalta la FEHM.

El pasado mes de octubre, el titular del juzgado de instrucción 1 de Palma, Manuel Sobrino, propuso llevar a juicio a 84 controladores aéreos contra los que aprecia indicios de sedición por abandonar sus puestos en los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Menorca y provocar un colapso de los servicios en diciembre de 2010.

El juez dictó entonces el auto de pase a procedimiento abreviado, que representa el fin de la instrucción y el primer paso para sentar en el banquillo a los presuntos responsables del caos aéreo del 3 y 4 de diciembre de 2010.

El juzgado había archivado inicialmente el procedimiento, pero la Fiscalía recurrió y la Audiencia de Palma ordenó en 2014 practicar nuevas diligencias de investigación que concluyeron con la propuesta de juicio contra 84 controladores aéreos.