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El Govern balear interpondrá un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula las características generales de las pruebas de evaluación final de sexto de Primaria establecidas en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Govern, Marc Pons, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde ha criticado la «falta de consenso» en la aprobación de este Real Decreto. Con Baleares ya son cinco las comunidades que han anunciado su intención de recurrir las reválidas. Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana han anunciado también su decisión.

Pons ha recordado que el Govern ha pedido anteriormente la paralización de la Lomce y que ha mantenido «un posicionamiento muy claro» en este ámbito, pero «nos encontramos ahora con un Real Decreto aprobado que no ha sido consultado en la conferencia sectorial de Educación».

De este modo, la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma interpondrá un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1058/2015, a propuesta del conseller de Educación, Martí March.

Además, se solicitará al Gobierno de España la paralización inmediata de cualquier actuación o medida en este sentido, y la apertura «de un proceso real de diálogo y consenso político para restaurar las condiciones que conduzcan a una mejora real de la educación en todo el Estado».

Este Real Decreto, derivado de la Lomce, establece que las Comunidades Autónomas deberán diseñar, aplicar y corregir unos exámenes al alumnado de sexto de Educación Primaria (12 años) denominados popularmente como reválidas.

Según ha asegurado el Govern en una nota informativa, «no se trata de verdaderas evaluaciones, puesto que en lugar de ser, como marca la normativa vigente, continuas, globales, formativas y orientadoras, se reducen a una valoración puntual y descontextualizada del progreso del alumnado que no tiene en cuenta ni su progreso individual, ni la adquisición de las competencias correspondientes, recibiendo una calificación final que pervierte el sentido educativo y la globalidad de la evaluación que se tiene que aplicar en esta etapa educativa».

Además, el Ejecutivo ha criticado que «las pruebas sólo se centran en tres de las siete competencias que se tienen que desarrollar en la Educación Primaria; por lo tanto, realmente no podrán proporcionar una información relevante diferente a la que ya se refleja en los informes de los maestros que han acompañado a los alumnos en su proceso de aprendizaje».

El Decreto, a juicio del Govern, «demuestra una clara desconfianza en la profesionalidad de los maestros, de los equipos directivos y de los inspectores, puesto que, además, impone una evaluación externa por parte de maestros de otros centros» y «afecta gravemente al funcionamiento de los centros, dado que las pruebas se harán en el mes de mayo y alteran el calendario ya organizado de las escuelas».

Asimismo, aunque el Govern ha admitido que «la evaluación es una herramienta imprescindible para mejorar», ha denunciado que el Ministerio «quiere elaborar rankings de todos los centros docentes españoles con el resultado de estas pruebas», algo que «no contribuirá a mejorar el sistema educativo, sino a discriminar y desprestigiar los centros y su ubicación en base a un sistema clasificatorio descontextualizado y, por lo tanto, que no tiene en cuenta las particularidades del entorno socioeconómico de la comunidad educativa de cada centro», de manera que «estos rankings serán herramientas de selección social».

Desde el Consolat de Mar han recordado que Baleares «tiene un organismo dedicado a la evaluación educativa externa, el IAQSE, en el que confía plenamente, al tratarse de pruebas que en ningún caso establecen competiciones entre centros, alumnos o territorios, como sí persigue este decreto, y que se plantean como complementarias de las evaluaciones internas que realiza el profesorado de los centros educativos».

Por otro lado, estas pruebas tienen que ser aplicadas y corregidas por profesorado externo a los centros, lo cual, ha dicho el Govern, «supone un gasto elevado, para el que las comunidades autónomas no tienen medios ni condiciones, dado que no se prevén de manera clara en el Real Decreto».

Por todo ello, el Ejecutivo ha argumentado que este Real Decreto, «además de suponer una contradicción flagrante con los verdaderos principios de la evaluación en la Educación Primaria, introduce unas obligaciones de difícil ejecución por parte de las comunidades autónomas».

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