Los propietarios estaban acusados de un delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica con grave riesgo para la salud, con los agravantes de clandestinidad y desobediencia a las autoridades.
La multa es el resultado de un acuerdo de conformidad alcanzado en el juicio que ha tenido lugar esta mañana en los Juzgados de Eivissa.
Los administradores solidarios de la entidad Baroque Affairs, que explota el establecimiento Coast Line, han aceptado un año de prisión que será sustituido por una multa a razón de siete euros al día durante un año por cada uno de los acusados. Esto significa que cada uno deberá abonar una sanción de 2.520 euros.
La Fiscalía pedía hasta cinco años y medio de prisión y una multa de 178.200 euros para F.S.M. y F.C.P. por "exceder durante cinco años el nivel de sonido permitido, tanto durante el día como a altas horas de la madrugada, a través de varios equipos y altavoces, espectáculos pirotécnicos, pitos y timbales", según el escrito del fiscal.
La acusación pedía, asimismo, que los procesados indemnicen con 20.000 euros a cada uno de los vecinos afectados y que entre 2002 y 2006 "sufrieron como consecuencia ansiedad, estrés, nerviosismo, insomnio y angustia".
Los propietarios fueron denunciados en diversas ocasiones y contra su establecimiento han sido incoados hasta 17 expedientes de infracción, quince de los cuales se saldaron con la imposición de sanciones de 150 euros a las que ninguno de los acusados hizo frente.
El Coast Line, que lleva unos cuatro meses cerrado, obtuvo licencia de apertura y funcionamiento en julio de 2002 como restaurante y café concierto, con la condición de que la actividad se desarrollara dentro del local, con puertas y ventanas cerradas; además, debían cumplir las condiciones de aislamiento de manera independiente. EFE
2 comentarios
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Mientras que Sant Antoni no castigue con más severidad a este tipo de empresarios, seguiremos teniendo la misma mierda de turismo que tenemos. Espero que el próximo equipo de gobierno sepa estar a la altura de las circustancias y no tolere este tipo de comportamiento incivico.
No comparto en absoluto este cambio de opinión de la fiscalía. Las leyes están para que se cumplan y no para saltarselas a la torera.