La juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara Ramírez, dejó ayer visto para sentencia el caso de una familia que tuvo hace once años una niña con una grave minusvalía y que presentó denuncia contra dos ginecólogas. A una de ellas la acusan por realizar una cesárea en la que, dicen, no se retiró por completo la placenta, y a la otra por supuestamente no advertir de la malformación de la pequeña. El fiscal sólo acusa a la primera. La acusación particular pide tres años para cada una y una indemnización que ronda los 900.000 euros.
Desde la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, señalaron ayer que «el Juzgado de Instrucción número 1, en un juicio anterior, dictaminó que «la malformación de la menor no se puede atribuir a ninguna falta de atención de los facultativos, sino a un hecho genético». La familia recurrió el fallo, causa por la que se celebró ayer un nuevo juicio. Además señalaron que «en este caso no se produjo ninguna anomalía en la atención ni a la madre, ni al bebe, sino que los hechos se debieron a que se trata de una malformación de diagnóstico necesariamente tardío, lo que impidió que se pudiera interrumpir el embarazo». Asimismo subrayaron que "la malformación de la niña se debía a una causa meramente genética y no a una actuación médica incorrecta».
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