En bandejas para el público. «Liquid Gold», «Jungle Haze», «Blue Boy, «Purple Haze» o «Room Odorisor» son nombres de productor de 'popper' intervenidos por la policía en Eivissa en septiembre de 2006. Se decomisaron en total 195 botes en una operación por la que en Vila se detuvo a cuatro personas, entre ellas el acusado juzgado ayer.

En bandejas para el público. «Liquid Gold», «Jungle Haze», «Blue Boy, «Purple Haze» o «Room Odorisor» son nombres de productor de 'popper' intervenidos por la policía en Eivissa en septiembre de 2006. Se decomisaron en total 195 botes en una operación por la que en Vila se detuvo a cuatro personas, entre ellas el acusado juzgado ayer.

J. J. Monerri04/03/09 0:00
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El sospechoso, un almeriense de 38 años que calificó su establecimiento como una tienda de «regalos y artículos para fumador», fue detenido por la policía en septiembre de 2006 en el transcurso de una operación que llevó a cabo el Grupo de Estupefacientes para acabar en Balears con la venta «libre» de 'popper', una sustancia medicamentosa que puede causar vómitos, taquicardias e incluso un infarto suministrada indebidamente. En la tienda del acusado, «Tricoma», ubicada en la calle Gaspar Puig, la policía se incautó de 59 botes que el acusado tenía en expositores.

El sospechoso, ayer, negó ayer que tuviera conocimiento de que los botes que estaban puesto a la venta, a 20 euros la unidad, pudieran ser consumidos como drogas y afirmó que su intención era ofrecerlos al público como ambientadores.

«Los conseguí tras ver unas hojas de publicidad y hacer un pedido a Inglaterra. Los vi como un producto que podía ser interesante para combatir ambientes cargados de humo», explicó el empresario, persona que ayer tuvo que sentarse en el banquillo del juzgado de lo Penal número 2 por un supuesto delito contra la salud pública.

Los policías que declararon ayer en la vista, sin embargo, aseguraron que el comerciante, tras ser interrogado dentro del mismo establecimiento, les reconoció enseguida que era 'popper' lo que estaba vendiendo.

El fiscal, por ello, mantuvo al final del juicio su solicitud de que se impusiera al acusado una condena de dos años de prisión, diez meses de inhabilitación para ejercer la actividad de comerciante y una multa de 6.000 euros. «No sabían que eran tóxicos. En mi tienda, además, no pueden entrar menores. Hay un cartel en la puerta que prohibe el acceso a los menores de 18 años», añadió el acusado.

Su defensa añadió que, tras la intervención policial, se entregaron todos los frascos voluntariamente y que se exhibieron luego las facturas que mostraban una operación comercial normal.