El primero de dos juicios en los que estaban involucrados agentes fue el de los policías nacionales.

C. CUEVAS
La Audiencia Provincial dejó esta pasada semana vistos para sentencia dos casos en los que se juzgaba a agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

El segundo caso juzgado por la Audiencia en el que agentes del orden se sentaban en el banquillo de los acusados era el de dos guardias civiles acusados de prevaricación por quedarse en un registro en septiembre de 2004 con un trozo de hachís que, a su vez, otro agente se había incautado a un joven en el párking de una discoteca. Este segundo juicio estuvo marcado, al contrario que el anterior, por las acusaciones mutuas vertidas por los dos agentes en sus respectivos testimonios y por las del guardia que se incautó de la droga.

El primero de ellos fue el juicio celebrado el pasado lunes contra dos policías nacionales acusados por la dueña de un bar de haberla detenido ilegalmente en junio de 2004.

En dicha vista oral tanto el ministerio fiscal como la defensa de los dos imputados solicitaron la nulidad del juicio, el primero por no haber podido contar con la posibilidad de presentar pruebas o testigos y el segundo, porque a su entender se había vulnerado la presunción de inocencia de sus defendidos. El tribunal de la Audiencia decidió hacer oídos sordos a estas peticiones y continuó la vista en la que la acusación particular solicitaba para los dos imputados el pago de una multa de 2.160 euros y ocho años de inhabilitación profesional para cada uno de los dos nacionales.

Los policías declararon durante el juicio que acudieron al establecimiento de la demandante porque sospechaban que en él se realizaban «negocios ilícitos» como «venta de objetos robados o de estupefacientes». Según sus testimonios, cuando llegaron al local la mujer les impidió la entrada y armando un gran jaleo se negó a identificarse por lo que después de un tiempo intentando convencerla para que lo hiciera se la llevaron detenida ante su continuada negativa. Sin embargo, la demandante sostuvo que fueron los agentes los que le impidieron acercarse a su bolso que era donde estaba su documentación. La mujer también afirmó que había sufrido violencia policial ya que la tiraron al suelo para esposarla mientras, según ella, la gritaban «mora de mierda».