Fernando Ferré, a su llegada, ayer por la mañana, al juzgado.

J.J.M./B.R.
Fernando Ferré, el empresario hotelero catalán cuya declaración aún no había sido recabada tras la redada que la Brigada de Extranjería realizó el pasado 3 de febrero en dos de sus establecimientos de Cala de Bou, salió al mediodía de ayer libre del juzgado después de que horas antes hubiera sido detenido por la policía. La investigación ha acreditado finalmente que fue presuntamente el principal responsable de la contratación de inmigrantes ilegales que supuestamente trabajaban en estos hoteles.

Ferré, que estuvo toda la noche bajo custodia policial después de que durante la tarde de anteayer se formalizara su arresto a la salida de un centro sanitario de la isla, compareció ante el juez sin que posteriormente se fijara ninguna fianza o medida cautelar extraordinaria. La instrucción de este caso puede llevarle al banquillo para responder de un presunto delito contra el derecho de los trabajadores.

Libertad
El empresario, de 61 años y natural de Tarragona, no quiso hacer declaraciones a su salida del edificio de la calle Isidor Macabich y se limitó a asegurar que lo que se estaba diciendo de él era falso. «Todo es mentira, todo es mentira», repitió varias veces cuando se le preguntó por los hechos que han motivado su detención. Fernando Ferré llegó al juzgado sobre las diez de la mañana escoltado por policías uniformados. Los agentes de la Brigada de Extranjería no habían podido aún recoger su declaración después de que días antes, el mismo acusado, alegando una enfermedad cardiaca y su ingreso hospitalario, eludiera su detención, algo que no pudieron evitar el gaditano F.R.C., de 53 años, el mallorquín J.B.S., de 39, y el marroquí N.E.B., de 39. Estos tres últimos fueron apresados después de que la policía, en una espectacular operación, irrumpiera en los hoteles San Remo y s'Estanyol, establecimientos hoteleros de Cala de Bou sujetos a reformas y donde se sorprendió a 32 inmigrantes sin papeles.

Pese al silencio inicial de los inmigrantes, la policía continuó con sus indagaciones, pesquisas que según Comisaría vinieron avaladas por distintos indicios hallados en el interior de los hoteles que evidenciaban que algunos trabajadores, casi todos rumanos, podían estar, incluso, alojándose en estas instalaciones. Ello motivó posteriormente el arresto de tres personas que supuestamente actuaban como capataces y que se cree podían estar actuando como mediadores entre los trabajadores y el empresario. Estos extremos son ya motivo de una investigación judicial que aborda el juez Pablo Mendoza, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa y magistrado que a principios de este mes abrió diligencias para aclarar las responsabilidades de Ferré y de los otros sospechosos.

Trámites
Durante este intervalo, ha trascendido que algunos de los inmigrantes apresados pudieron ser objeto de presiones o algún tipo de amenazas para que no prestaran declaración en este caso. Sin embargo, no consta que se haya presentado ninguna denuncia que confirme estas informaciones.

Ferré, que hasta ahora siempre se ha presentado como víctima de una persecución sindical y de la Inspección de Trabajo, tuvo que pasar por el trance de su detención, al parecer, al no haberse localizado anteriormente a su abogado y no poder darse trámite a una citación formal para que se presentara voluntariamente en el juzgado, según explicó su mujer, quien acompañó al empresario cuando fue puesto en libertad. Según algunas denuncias, los inmigrantes habían pactado cobrar 3,22 euros a la hora en jornadas que se prolongaban de sol a sol.

El empresario catalán Fernando Ferré cuenta a día de hoy con 38 establecimientos hoteleros ubicados en la isla de Eivissa bajo su comandancia, aunque su gestión está registrada por diferentes sociedades empresariales,según ha podido conocer este periódico. Entre estos establecimientos, que ha ido adquiriendo desde su llegada a la isla, se encuentran el hotel Marítimo, Hotel Marco Polo, Hotel Don Pepe, Hotel Marenostrum o el Hotel March, entre otros.

El responsable de la Federación de Inmigrantes del sindicato CC OO, Antonio Carmona, señaló que esta detención debe servir «de ejemplo al resto de empresarios de la isla», y aprovechó para señalar: «Aquel que cometa el delito lo debe pagar, y se debe demostrar si finalmente fue el empresario el responsable de las contrataciones ilegales». El representante de UGT en las Pitiüses, Diego Ruiz, destacó que a lo largo del pasado año se presentaron más de una decena de denuncias para que Inspección de Trabajo investigara las contrataciones que realizaba Ferré, aunque «finalmente no se pudo constatar».