Todo se torció en la relaciones que tenían un promotor belga y un
asesor fiscal de es Cubells. El primero, sintiéndose estafado y
engañado, terminó denunciando al segundo después de que éste
estuviera cinco años presuntamente negándole el acceso a la
documentación de una empresa de la que asegura ostentar la
titularidad.
El acusado, sospechoso de haber cometido un delito societario
por esta causa, aseguró ayer en su juicio que siempre actuó
honradamente y que no pudo darle lo que le pedía porque el cliente
nunca demostró que fuera socio de la firma. Atribuyó el proceso al
«descontento» del denunciante después de que la policía belga le
interrogara por los negocios que dicha persona tenía en su país.
Según la representación legal del afectado, la retención de
documentación se debió a que el asesor adoptó esta postura porque
no cobraba sus honorarios, algo que el imputado negó
tajantemente.
El fiscal pidió en su día el sobreseimiento de la causa pero la
acusación particular reclamó que se condene al asesor con una multa
de 16.200 euros.
«Vine en 1990 a hacer una promoción de viviendas en Sant Josep y
me rodeé de gente de la isla. Todo se complicó y al final me sentí
verdaderamente estafado. Por eso contraté al acusado. Pero éste me
asesoró mal y llevo cinco años sin poder ver las cuentas de mi
empresa».
Así relató los antecedentes del caso el promotor belga, quien,
durante la vista, dijo iniciar su andadura en la isla de la mano de
los consejos de un abogado de Santa Eulària y con el concurso de un
aparejador de Sant Antoni con cargo público. «Todo fue mal y para
deshacerme de este grupo contraté a este asesor», dijo. Sin
embargo, los problemas reales que fueron motivo de juicio ayer ante
un juzgado de lo Penal ocurrieron después de que el asesor actuara
como mandatario verbal en la venta de una sociedad que formaba
parte de un entramado de firmas inmobiliarias de la que participaba
el denunciante y en las que en al menos una de ellas figuraba el
acusado como administrador.
La empresa en la que se reconocía la presencia del denunciante
fue vendida a otra que, según él, también es de su propiedad. La
venta nunca se ratificó porque, según el denunciante, fue mal
asesorado por el acusado y éste no se lo indicó. De esta manera,
«nunca se pudo demostrar que mi cliente era el dueño de esa
sociedad», explicó el abogado del perjudicado.
La policía belga investigó en Eivissa al denunciante por un
supuesto delito fiscal ocurrido en sociedades de este país del que
el promotor quedó libre de toda sospecha.
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