El juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa ya tiene en su poder el informe de la Guardia Civil que acredita que los sospechoso del asesinato de José Miguel López Calzado, acribillado a balazos el 7 de agosto de 2003 en la terraza del restaurante «Siena», llamaron desde el mismo Sant Josep momentos antes de que se perpetrara el crimen.

Éste ha sido el último paso que ha dado la investigación del instituto armado tras concluirse positivamente esta prueba. Dicho resultado, sin embargo, tampoco se considera resolutivo por el juzgado al valorarse más bien como un hecho «circunstancial».

Este periódico ya adelantó en su día que, además de esta investigación, el juzgado tenía pendiente tomar declaración a varias personas cuyo testimonio ha sido pedido por las partes personadas en el proceso. Entre éstas figura una de las personas que estaba cenando con la víctima cuando los encapuchados abrieron fuego. También debe declarar un hombre que fue contratado como guardaespaldas del fallecido. Al parecer, dicha persona estaba haciendo un encargo -una compra de billetes- cuando se perpetró el homicidio.

El informe técnico realizado por la Guardia Civil, pese a la complejidad de esta prueba, ha podido colegir que al menos uno de los teléfonos móviles propiedad de los sospechosos fue utilizado cerca de la iglesia de Sant Josep instantes antes del crimen del presunto narco.

El propietario de este teléfono, un portero de discoteca de Madrid que ha sido vinculado como los otros nueve detenidos en la investigación a la banda de «los Miami», realizó meses antes de que ocurriera el crimen otra llamada al depósito de vehículos de la capital. En dicha comunicación se identificó claramente tras preguntar por el estado de un coche.

El sospechoso reconoció en su declaración en el juzgado que había estado en Eivissa en los días en el que murió López Calzado. éste, conjuntamente con los principales encartados en el caso, estuvo residiendo ese verano en una casa de Cova Santa. El Grupo de Homicidios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizó precisamente la prueba de los teléfonos para intentar esclarecer si llamadas que se hicieron desde dos teléfonos móviles pertenecientes a los sospechosos precisaban exclusivamente tener su cobertura desde el mismo pueblo o bien se pudieron hacer desde la casa de Cova Santa. El juzgado tiene ahora pendiente ahondar en esta cuestión para no sólo determinar la autoría de las llamadas, único hecho que podría valer como prueba de cargo.