El juez decano de Eivissa comenzó la pasada semana a tomar declaración a los acusados por el crimen de Sant Josep.
Después de tres días tomando declaración, el juez decano de Eivissa, Juan Carlos Torres, ha ordenado el ingreso en prisión de ocho de los diez detenidos por el caso del asesinato del empresario cordobés José Miguel López Calzado en Sant Josep el pasado verano. El juez ha enviado a prisión provisional sin posibilidad de fianza a tres de los sospechosos como presuntos autores materiales del asesinato de López Calzado, aunque también se les imputan otros delitos, como posesión ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas y falsedad documental. A dos más se les imputa por encubrimiento del asesinato. A los tres restantes el juez les imputa la comisión de un presunto delito de amenazas graves derivado de la supuesta extorsión que se realizó después del asesinato a la familia de la víctima. Además, se investiga si dos de estos tres podrían ser presuntos encubridores del crimen del empresario cordobés. En cuanto a los otros dos detenidos, aún está pendiente su destino. El juez Torres ha tenido que pedir refuerzos judiciales al Tribunal Superior de Justicia para poder instruir esta compleja y voluminosa causa, una petición que previamente debe ser autorizada por el Ministerio de Justicia. El sumario consta de nueve tomos que en total casi suman 9.000 folios. Los próximos días 24, 25 y 26 serán claves para el desarrollo de este caso, aunque para poder realizar la instrucción con diligencia y eficacia los juzgados esperan la autorización por parte del Ministerio del refuerzo de funcionarios solicitado por el juez decano. En esos días se realizarán ruedas de reconocimiento y se recogerán testimonios clave para el cierre de la investigación judicial. Durante la toma de declaración de estos ocho sospechosos, siete hombres y una mujer, todos ellos se eximieron de responsabilidades en muchas de las preguntas realizadas por el juez instructor. A raíz de la investigación de este caso, se han descubierto conexiones de este grupo con otros delitos cometidos por diversas zonas de la geografía española. Estas ocho personas fueron arrestadas en Madrid, Málaga y Toledo. Algunos de los acusados explicaron ante el juez que fueron utilizados para poder efectuar el crimen y que no sabían nada de las presuntas extorsiones que en un primer momento se realizaron al empresario asesinado -que tuvo una relación con la ex compañera del cabecilla del grupo- y después a la familia de éste.
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