J. M. Alonso25/02/05 0:00
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Algunos narcotraficantes que viven en el barrio de sa Penya están poniendo rejas en las ventanas y reforzando con topes de hierro las puertas para impedir que la policía pueda entrar en sus casas en una intervención rápida, informó ayer Leopold Llombart, concejal de Policía del Ayuntamiento de Eivissa. Llombart añadió que la Policía Local está denunciando a los propietarios de estas casas en las que se están instalando rejas porque esto «contraviene las normas del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI)» del municipio de Eivissa. Una vez finalizados los trámites de estas denuncias, el Ayuntamiento de Eivissa autorizará a los agentes de la Policía Local que quiten estas rejas presuntamente ilegales.

«Están poniendo rejas en hierro ventanas y puertas y lo hacen para que la policía no pueda hacer una intervención rápida porque aunque el menudeo [pequeñas cantidades de droga para vender] lo tengan en agujeros, la policía lo encontraría. Lo hacen para tener tiempo de deshacerse del material ilegal», dijo Llombart. Al parecer, éste no es un problema nuevo, ya que se ha tratado en algunas Juntas Locales de Seguridad. Un problema añadido es que otros vecinos de sa Penya han enrejado sus ventanas, pero con el único objeto de evitar robos en sus casas.

Representantes vecinales de este barrio aseguraron la semana pasada a Ultima Hora Ibiza y Formenteraque han advertido en las últimas semanas y por vez primera en años una disminución del tráfico de drogas en la zona, lo cual se debe a la presión del Cuerpo nacional de Policía y de la Policía Local de Eivissa. En este barrio, este mismo mes, fueron detenidos dos conocidos traficantes. El pasado martes, se juzgó en Eivissa el caso de una vecina de sa Penya acusada de la comisión de un presunto delito de narcotráfico que, cuando se vio descubierta vendiendo droga por los agentes en el barrio, entró rápidamente en el interior de su casa para, presumiblemente, tirar la droga por el retrete. Está acusada de vender dos papelinas de heroína, por lo que el fiscal solicita cinco años de prisión.