La Audiencia Provincial juzgó ayer en Eivissa a un constructor
palmesano que se ha visto procesado (enfrentándose a ocho años de
cárcel) después de que un cliente con el que terminó asociado le
acusara de haberse apropiado de 38 millones de pesetas para
construir una vivienda en la zona conocida como Can Toni des Truy,
en el municipio de Sant Josep. La casa sigue sin terminarse.
La representación legal de la presunta víctima, como ya informó
este periódico, le acusa de haber abusado de la confianza de dicha
persona y de haber utilizado su dinero para otros negocios
inmobiliarios e, incluso, para costear todos los emolumentos de la
firma. «Es como si alguien compra un traje en una sastrería y el
dueño quiere que pague todos los gastos de la tienda», dijo
gráficamente la abogada del denunciante en la vista.
El fiscal, por contra, solicitó su absolución al no ver indicios
delictivos en su actuación y considera que ambos firmaron un
presupuesto no cerrado cuyo primer importe se fue elevando por
distintos motivos y que el promotor estuvo siempre al corriente de
cómo iban los trabajos. Ayer, en medio de toda esta historia,
denunciado y denunciante sacaron a relucir tópicos no ajenos a la
'crónica negra' de la construcción: maletines con dinero sin
declarar y promesas para futuros proyectos (entre ellos la
edificación de la sede del Colegio de Médicos de Eivissa) y gracias
a grandes influencias y contactos políticos.
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